he aquí al bueno de Lito, secretario general del Metal, Construcción y Afines de CCOO advirtiendo a la buena de Salgado, al socaire de la intención del Gobierno de retrasar poco a poco la edad de jubilación más allá de los 65 años. El pobre Lito, por mor de mantener la afiliación, advertía ayer a la pobre Elena Salgado de que su sindicato no aparcará la reivindicación de conseguir la jubilación a los 60 años de los trabajadores de la construcción, que "estén a pie de obra". Seguro que, a partir de ahora, se nombrará una comisión que defina qué es y cuáles los requisitos de ser considerado "a pie de obra".
El hecho es que, según EL PAÍS, pág 20, la buena de Elena Salgado citó el ejemplo holandés, que acaba de establecer el límite de edad de jubilación en 67 años.
No es fácil pedir sacrificios a la población cuando no se cumple con la restricción a gastar dinero público que establece el Pacto de Estabilidad. La gente, que no es tonta, sabe que la reforma de las pensiones no es permanente, que puede ser un proceso de ida y vuelta que depende de muchas circunstancias puramente temporales, según sea el momento del ciclo económico o el calendario político. Los principales afectados por la reforma, los trabajadores mayores de 40-45 años, saben perfectamente que la única reforma de las pensiones que es de verdad irreversible es la que sustituye el sistema de reparto (solidaridad intergeneracional) por el de capitalización (ahorro individual).
En realidad todos los Gobiernos quieren comprobar la fuerza de la protesta social latente porque en todos ellos existe algún tipo de proyecto parecido de alargar los años de cotización necesarios para mantener el importe de la prestación por jubilación. Estas reformas, que los afectados denominan como un "robo de las pensiones públicas", tendrían que ser necesarias e inevitables porque los estudios actuariales al uso afirman que, con la actual y prevista pirámide de población europea, el equilibrio financiero del sistema parece ser insostenible. Estos estudios existen desde hace por lo menos quince años, sin que nunca hayan logrado pasar de meras advertencias que se "agitaban" de vez en cuando. El que ahora Gobiernos y organismos económicos internacionales coincidan en la importancia de la enfermedad y premura para atajarla con legislaciones supuestamente irrevocables, es producto directo de la crisis y del escaso crecimiento económico esperado en toda la UE y de la restricción que impone el Pacto de Estabilidad sobre el déficit público. La falta de un crecimiento suficiente para crear empleo hace disminuir la ratio cotizante/ pensionista e incrementa el gasto público por desempleo. Así que, o se reforman los sistemas públicos de pensiones o se reforma paralelamente el PEC. Puede ser que los argumentos a favor de la reforma sean ciertas y que, sin ella, el futuro económico colectivo sería mucho más incierto. Pero, ¿quién quiere sacrificarse ahora por un futuro probable dentro de 20, 30 o 50 años?. O las sospechas, ¿quién y cómo se han hecho los cálculos?.
Si se quiere que la reforma sea irrevocable es preciso que cuente con suficiente consenso sociológico, no solamente de los partidos políticos, sino de los sindicatos y, sobre todo, de los afectados, los trabajadores de más de 45 años, con mujeres (legales o no), hijos e hijas en edad de merecer. Ya saben que si el Gobierno insiste en una medida así, puede encender la pólvora de otro caso parecido al de la ministra Sinde e internet. Sobre todo, porque ya saben que no hay dinero. Hay funcionarios que no quieren creer eso, porque piensan que van a ser los próximos paganos de la falta de numerario. Sobre todo, cuando leen que Carlos Ocaña ya ha dicho que "el déficit para el conjunto de las administraciones no bajará del 9,5% en 2009 y que el año que viene será bastante igual a éste".
Con todas las Autonomías quebradas y las cajas de los ayuntamientos esquilmadas por los corruptos que Garzón va descubriendo, puede que los funcionarios dejen de tener el puesto de trabajo asegurado de por vida. ¡Otra mecha que se puede encender!
Lo mejor que pueden hacer ustedes es leer el informe que los profesores Doménech y Melguizo elaboraron para David Taguas cuando era director de La Oficina Económica del Presidente (OEP)
El Gobierno adelanta la jubilación a los 58 años para más discapacitados
Las personas con una esperanza de vida reducida serán las beneficiarias
CARMEN MORÁN - Madrid
El Gobierno ha decidido adelantar la edad de jubilación para aquellos discapacitados cuya esperanza de vida sea más reducida que la de la población general. Se trataría de personas con discapacidades mentales, parálisis cerebral, ciertas anomalías genéticas como síndrome de Down, síndrome X frágil, acondroplasia o fibrosis quística. Autismo, anomalías debidas a la talidomida, síndrome pospolio, esquizofrenia, trastorno bipolar y algunas esclerosis también figuran en la lista.
Si su grado de discapacidad supera el 45%, tienen 58 años y han cotizado durante 15, podrán jubilarse, según el decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo. El texto se aprobará hoy en Consejo de Ministros como anunció ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras reunirse con Luis Cayo, presidente del CERMI, la gran plataforma de la discapacidad.
La última encuesta del INE registra 1.482.000 discapacitados en edad de trabajar, pero sólo lo hacen unos 429.000, 32.000 de ellos con discapacidad mental. Por tanto, los empleados no alcanzan el 30% del colectivo en edad laboral.
Esta rebaja en la edad de jubilación había sido muy demandada por los afectados, que ayer celebraban el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Hasta ahora sólo tenían -y aún tienen- una jubilación adelantada quienes acreditan una discapacidad superior al 65%, que pueden abandonar el trabajo a los 52 años siempre que lleven 15 cotizados. Éstos ganaban un año de cotización por cada cuatro.
Pero Zapatero anunció ayer algo más. Se comprometió a solucionar en seis meses los problemas de accesibilidad que encuentran muchos discapacitados en sus viviendas: falta de ascensores, escaleras en lugar de rampas. ¿Cómo? No se sabe. Para ello habría que modificar la Ley de Propiedad Horizontal y algunas otras, algo que afecta, además, a varios ministerios.
El CERMI se lo pidió ayer al presidente y Zapatero accedió. En la actualidad, las obras para garantizar la accesibilidad son obligatorias si alguien las solicita, "cuando el coste no supere tres cuotas de comunidad para cada vecino", explica Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI. Si sale más caro, se necesitará la mayoría simple de los vecinos de la comunidad. Si éstos se niegan, puede acudirse a los tribunales, pero el discapacitado tendrá que pagar la obra. "Nuestra propuesta es que estas reformas en los bloques de viviendas sean obligatorias cuando se acredite su necesidad, de igual forma que lo son aquellas de habitabilidad del edificio, como las goteras o las grietas. Cuando eso ocurre todo el mundo tiene que pagar, incluido el discapacitado, que en ocasiones ni siquiera puede usar los espacios comunes", afirma Moral.
Las últimas encuestas indican que más de 300.000 personas han tenido que cambiar de domicilio por problemas de accesibilidad. Pero hay quien no puede. "Mi madre salió de casa después de años en la cama para ir a urgencias. No tenemos ascensor. Y ahora mi hermana, que también está en cama, no puede salir, aunque me dieran una silla de ruedas", cuenta María Dolores del Valle, que vive en Madrid. Cuando se reformó el edificio donde viven, ella pidió que se dejara el hueco para poner un día un ascensor, pero no se hizo.
Estas personas están atrapadas en casa. Cientos de ancianos entre ellos. "Esto supondrá un avance significativo, porque beneficiará a miles de personas con discapacidad o simplemente mayores", aplaudió ayer el presidente de la organización de discapacitados Famma-Cocemfe en Madrid, Javier Font.
viernes, 4 de diciembre de 2009
la caída del empleo y el aumento del paro
La caída del empleo y el aumento del paro no son sólo cuestiones coyunturales. No sólo es que se produzcan despidos para ajustar los gastos fijos a la capacidad utilizada y en mayor medida cuanta mayor sea la desregulación del mercado laboral (los contratos temporales). Es que hay una tendencia expresa a no realizar nuevas contrataciones: se sustituye empleo por capital. La búsqueda de una mayor "productividad" reduce el crecimiento de nuevo empleo. Y, además, de forma "inexorable", el capital extensivo en mano de obra tiende a dirigirse hacia los países del Este europeo, mientras que en los del Oeste se quedan las inversiones en procesos tecnológicos. Y en tiempos de crisis, la prolongada moderación salarial, habitual válvula de ajuste, tampoco ha demostrado que evite la destrucción de empleo.
Todos los políticos quieren convencer a los ciudadanos que tienen algún plan para crear trabajo, aunque saben que hasta que no se recupere la tasa de crecimiento de la inversión no va a haber incremento neto del empleo. Mejor deberían meditar como lograr estimular el crecimiento económico cuanto antes. Aunque sea a costa de sacrificar/aplazar esas medidas reformistas que incorporan flexibilidad a la economía (políticas que incrementan la tasa potencial a largo plazo de crecimiento, políticas que reducen la tasa de paro que no acelera la inflación, políticas que incrementan la competencia del mercado de productos). En ello están todas las autoridades, sean cuales sean sus principios ideológicos, combinando incentivos monetarios y fiscales. Que la economía se recupere sólo es cuestión de tiempo. Pero por ahora los indicadores que adelantan con mayor precisión una recuperación empresarial (inventarios, capacidad utilizada, deuda) no son nada favorables. Como la creación de empleo evoluciona siempre con retardo respecto del crecimiento económico lo más lógico es que las medidas que ahora se propongan no puedan hacer visibles los resultados a tiempo.
Hace muy poco tiempo que el Banco de España afirmaba que, para garantizar un crecimiento sostenible, el 85% de las reformas estructurales que habría que hacer eran laborales: un nuevo contrato para los casi cinco millones de parados con una indemnización similar a la media de la UE, tanto para despidos procedentes como improcedentes.
Con ello se facilitaría su salida del desempleo y desaparecería la judicialización del despido pero, sobre todo, los convenios colectivos con valor jurídico deberían aplicarse lo menos posible, desde los nacionales sectoriales a los de empresa, para adaptarse al ciclo. De ello habla hoy el experto de siempre, el bueno de José Antonio Herce, en EL PAÍS,
pág 31 entera, afirmando que "Un punto que ninguna reforma del mercado de trabajo debe obviar, para no cerrar en falso como ha sucedido con la saga de reformas españolas, a la postre, es el de los costes del despido. Hay muchas formas de abordar este espinoso tema. Siendo de los más elevados entre los países desarrollados, los costes de despido a los que se enfrentan las empresas españolas deben reducirse en su conjunto. La actual dispersión de esquemas admite mucha racionalización que se puede ver favorecida por la simplificación de figuras contractuales para los nuevos trabajadores que vayan sustituyendo vegetativamente a los contratos indefinidos convencionales de mayor coste sin que los trabajadores establecidos tengan merma de sus derechos y mejorando, incluso, la protección de los trabajadores más desprotegidos. Pero ayudaría mucho a este debate el que se pensase en trasladar la indemnización por despido a un esquema de seguro obligatorio ajeno a las empresas que hiciese innecesaria para los trabajadores la permanencia a toda costa en el puesto de trabajo, por temor a perder los derechos adquiridos, y permitiese a las empresas ajustar sus plantillas más eficientemente".
Todos los políticos quieren convencer a los ciudadanos que tienen algún plan para crear trabajo, aunque saben que hasta que no se recupere la tasa de crecimiento de la inversión no va a haber incremento neto del empleo. Mejor deberían meditar como lograr estimular el crecimiento económico cuanto antes. Aunque sea a costa de sacrificar/aplazar esas medidas reformistas que incorporan flexibilidad a la economía (políticas que incrementan la tasa potencial a largo plazo de crecimiento, políticas que reducen la tasa de paro que no acelera la inflación, políticas que incrementan la competencia del mercado de productos). En ello están todas las autoridades, sean cuales sean sus principios ideológicos, combinando incentivos monetarios y fiscales. Que la economía se recupere sólo es cuestión de tiempo. Pero por ahora los indicadores que adelantan con mayor precisión una recuperación empresarial (inventarios, capacidad utilizada, deuda) no son nada favorables. Como la creación de empleo evoluciona siempre con retardo respecto del crecimiento económico lo más lógico es que las medidas que ahora se propongan no puedan hacer visibles los resultados a tiempo.
Hace muy poco tiempo que el Banco de España afirmaba que, para garantizar un crecimiento sostenible, el 85% de las reformas estructurales que habría que hacer eran laborales: un nuevo contrato para los casi cinco millones de parados con una indemnización similar a la media de la UE, tanto para despidos procedentes como improcedentes.
Con ello se facilitaría su salida del desempleo y desaparecería la judicialización del despido pero, sobre todo, los convenios colectivos con valor jurídico deberían aplicarse lo menos posible, desde los nacionales sectoriales a los de empresa, para adaptarse al ciclo. De ello habla hoy el experto de siempre, el bueno de José Antonio Herce, en EL PAÍS,
pág 31 entera, afirmando que "Un punto que ninguna reforma del mercado de trabajo debe obviar, para no cerrar en falso como ha sucedido con la saga de reformas españolas, a la postre, es el de los costes del despido. Hay muchas formas de abordar este espinoso tema. Siendo de los más elevados entre los países desarrollados, los costes de despido a los que se enfrentan las empresas españolas deben reducirse en su conjunto. La actual dispersión de esquemas admite mucha racionalización que se puede ver favorecida por la simplificación de figuras contractuales para los nuevos trabajadores que vayan sustituyendo vegetativamente a los contratos indefinidos convencionales de mayor coste sin que los trabajadores establecidos tengan merma de sus derechos y mejorando, incluso, la protección de los trabajadores más desprotegidos. Pero ayudaría mucho a este debate el que se pensase en trasladar la indemnización por despido a un esquema de seguro obligatorio ajeno a las empresas que hiciese innecesaria para los trabajadores la permanencia a toda costa en el puesto de trabajo, por temor a perder los derechos adquiridos, y permitiese a las empresas ajustar sus plantillas más eficientemente".
jueves, 3 de diciembre de 2009
sobre la Ley de economía sostenible
AJUSTE DE CUENTAS
Soledad y falta de convicción
JOHN MÜLLER
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue al Congreso a anunciar cómo piensa refundar la economía española y se quedó absolutamente solo. Todos los grupos criticaron su Ley de Economía Sostenible por insuficiente o por propagandística (ayer se conoció el logotipo de la ley, que se publica aquí). Pero lo peor para Zapatero fue que su propio grupo parlamentario lo arropó mal y poco (tres magros aplausos en su discurso central). Un pésimo resultado para alguien que se reservaba el papel de Demiurgo, de dios refundador de la economía española.
Comparado con el preciso agit-prop que exhibe el Partido Popular en las gradas del Congreso, Zapatero estaba ayer en un páramo. Y esa sensación se acrecentó con la falta de convicción del presidente a la hora de la réplica, cuando le tocó hablar a capella de economía, sin la chuleta del discurso preparado, y se vio a las claras que las dos tardes de Jordi Sevilla fueron insuficientes. Zapatero no sabe de economía, no le gusta la materia y ya se ha aburrido de la crisis.
Esa falta de convicción le obligó a discursear sin mucho sentido. Donde tenía que mostrar brío, se le veía desganado. Donde tenía que ilusionar, decepcionaba. Donde había que ser riguroso, pasteleaba.
Llevaba media hora glosando su ley cuando el presidente cayó en la banalización de lo sostenible al anunciar otros ocho paquetes reformistas para 2010: en ese instante, cuando la reforma del Registro Civil pasó a ser pieza clave de la España sostenible, fue cuando muchos diputados tiraron la toalla y se fueron por un café. "Usted se enamoró del nombre de la ley antes de ver cuáles serían sus contenidos", le reprocharía después la canaria Ana Oramas.
Zapatero definió cuatro "reformas principalísimas" en torno a las que quiere concitar un consenso: reducir el peso del sector residencial en la economía, mejorar la educación y la innovación, reformar el sector energético y modernizar el entorno económico (favorecer a sectores emergentes, buena gestión del sector público, etcétera).
En esos ámbitos, lanzó dos ofertas reversibles, porque cuando la oposición quiso cogerlas, él las modificó sobre la marcha. Una fue sobre la reforma laboral, donde -después de colar la frase "el Gobierno no es mero espectador [del diálogo social]"- planteó que aplicará "la intensidad suficiente" para evitar que se diga que la falta de una reforma frustró el advenimiento de la España sostenible. En la réplica, daría marcha atrás y diría que el Gobierno "no está dipuesto a reducir el coste del despido". Mariano Rajoy le contestó que él no quiere reducir los derechos de quienes tienen trabajo, pero que el problema es el derecho al trabajo de los que no lo tienen o lo han perdido.
Éste fue uno de los pocos momentos en que los bancos socialistas parecieron animarse, pero el propio presidente se encargó de aquietarlos encarándose con Sánchez Llibre (CiU) y pidiéndole que presente una reforma del Estatuto de los Trabajadores. "Esto es hablar claro", dijo.
La segunda oferta tuvo que ver con el pacto energético, donde se mostró dispuesto a cambiar la política nuclear del Gobierno. Rajoy lo desechó tras acusarle de "abrir el diálogo y cerrar Garoña, modificar la regulación de las termosolares y presentar un nuevo borrador sobre el carbón". Zapatero intentó arrebatarle su adjetivo favorito al líder de la oposición afirmando que la decisión de fijar la vida útil de las centrales nucleares en 40 años era "previsibilidad", y que eso es bueno para los inversores. Nadie le siguió el juego.
Sánchez Llibre, Joan Ridao (ERC) y Josu Erkoreka (PNV) coincidieron en tildar la ley de "spot", "propaganda" y "globo publicitario". Al presidente le hirió esta consideración, pero sólo atinó a decir que si la propuesta se discutía en el Parlamento, no puede ser propaganda, argumentación muy poco convincente.
Hubo un incidente revelador que bien puede resumir el debate. En un momento, Zapatero dijo: "Ésta es nuestra concepción de la economía sostenible... nuestra apuesta ideológica". De un banco popular alguien replicó: "No es una apuesta...". Efectivamente, no se trataba de apuestas, sino de convicciones.
john.muller@elmundo.es
Soledad y falta de convicción
JOHN MÜLLER
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue al Congreso a anunciar cómo piensa refundar la economía española y se quedó absolutamente solo. Todos los grupos criticaron su Ley de Economía Sostenible por insuficiente o por propagandística (ayer se conoció el logotipo de la ley, que se publica aquí). Pero lo peor para Zapatero fue que su propio grupo parlamentario lo arropó mal y poco (tres magros aplausos en su discurso central). Un pésimo resultado para alguien que se reservaba el papel de Demiurgo, de dios refundador de la economía española.
Comparado con el preciso agit-prop que exhibe el Partido Popular en las gradas del Congreso, Zapatero estaba ayer en un páramo. Y esa sensación se acrecentó con la falta de convicción del presidente a la hora de la réplica, cuando le tocó hablar a capella de economía, sin la chuleta del discurso preparado, y se vio a las claras que las dos tardes de Jordi Sevilla fueron insuficientes. Zapatero no sabe de economía, no le gusta la materia y ya se ha aburrido de la crisis.
Esa falta de convicción le obligó a discursear sin mucho sentido. Donde tenía que mostrar brío, se le veía desganado. Donde tenía que ilusionar, decepcionaba. Donde había que ser riguroso, pasteleaba.
Llevaba media hora glosando su ley cuando el presidente cayó en la banalización de lo sostenible al anunciar otros ocho paquetes reformistas para 2010: en ese instante, cuando la reforma del Registro Civil pasó a ser pieza clave de la España sostenible, fue cuando muchos diputados tiraron la toalla y se fueron por un café. "Usted se enamoró del nombre de la ley antes de ver cuáles serían sus contenidos", le reprocharía después la canaria Ana Oramas.
Zapatero definió cuatro "reformas principalísimas" en torno a las que quiere concitar un consenso: reducir el peso del sector residencial en la economía, mejorar la educación y la innovación, reformar el sector energético y modernizar el entorno económico (favorecer a sectores emergentes, buena gestión del sector público, etcétera).
En esos ámbitos, lanzó dos ofertas reversibles, porque cuando la oposición quiso cogerlas, él las modificó sobre la marcha. Una fue sobre la reforma laboral, donde -después de colar la frase "el Gobierno no es mero espectador [del diálogo social]"- planteó que aplicará "la intensidad suficiente" para evitar que se diga que la falta de una reforma frustró el advenimiento de la España sostenible. En la réplica, daría marcha atrás y diría que el Gobierno "no está dipuesto a reducir el coste del despido". Mariano Rajoy le contestó que él no quiere reducir los derechos de quienes tienen trabajo, pero que el problema es el derecho al trabajo de los que no lo tienen o lo han perdido.
Éste fue uno de los pocos momentos en que los bancos socialistas parecieron animarse, pero el propio presidente se encargó de aquietarlos encarándose con Sánchez Llibre (CiU) y pidiéndole que presente una reforma del Estatuto de los Trabajadores. "Esto es hablar claro", dijo.
La segunda oferta tuvo que ver con el pacto energético, donde se mostró dispuesto a cambiar la política nuclear del Gobierno. Rajoy lo desechó tras acusarle de "abrir el diálogo y cerrar Garoña, modificar la regulación de las termosolares y presentar un nuevo borrador sobre el carbón". Zapatero intentó arrebatarle su adjetivo favorito al líder de la oposición afirmando que la decisión de fijar la vida útil de las centrales nucleares en 40 años era "previsibilidad", y que eso es bueno para los inversores. Nadie le siguió el juego.
Sánchez Llibre, Joan Ridao (ERC) y Josu Erkoreka (PNV) coincidieron en tildar la ley de "spot", "propaganda" y "globo publicitario". Al presidente le hirió esta consideración, pero sólo atinó a decir que si la propuesta se discutía en el Parlamento, no puede ser propaganda, argumentación muy poco convincente.
Hubo un incidente revelador que bien puede resumir el debate. En un momento, Zapatero dijo: "Ésta es nuestra concepción de la economía sostenible... nuestra apuesta ideológica". De un banco popular alguien replicó: "No es una apuesta...". Efectivamente, no se trataba de apuestas, sino de convicciones.
john.muller@elmundo.es
miércoles, 2 de diciembre de 2009
el impuesto de sucesiones
¿Qué no harías por tus hijos?, se preguntaba ayer el periodista Quim Monzó en LA VANGUARDIA pág 18. Hoy, en pág 17 del mismo diario, se dice que en la discusión del Parlament catalán por regular el impuesto de sucesiones, los ecosocialistas apuestan por fijar el mínimo exento del impuesto en la mitad de lo que propone el Govern, es decir, 250.000 euros en vez de 500.000.
En el programa electoral que presentó el PP para las elecciones de 2004 se anunciaba la supresión "parcial" del Impuesto de Sucesiones y Donaciones "inter vivos" en las Autonomías donde el PP gobernaba (este tributo se rige por una ley estatal, pero está cedido). Es esta una promesa claramente dirigida a las clases medias, abaratando el coste del altruismo intergeneracional. No todas las ofertas electorales tienen tantas virtudes como en ésta: popularidad e inocuidad (puede cumplirse sin riesgo para las Haciendas autonómicas). De hecho este es un impuesto de reducida recaudación (1.270 millones de euros al año) cuya mayor utilidad es la de registrar el cambio de titularidad de los bienes.
En casi toda la OCDE está desapareciendo la imposición sobre la riqueza, que era consecuencia de la extensión de la prosperidad. No se consideraba tan importante que la fiscalidad distinga entre la riqueza acumulada por un individuo a lo largo de su vida y la riqueza recibida en herencia. Depende del punto de vista. En la primera legislación de Bush, varios famosos empresarios de los EEUU le dirigieron una carta en protesta por la desaparición del Impuesto de Sucesiones, porque desincentivaba el espíritu emprendedor: las ideas de la ética protestante del "norte", tan distantes de las del "sur" católico.
Poco a poco, todas las Autonomías han venido aplicando diversas bonificaciones y exenciones para el caso de herencias y transmisiones a minusválidos, vivienda habitual y empresas familiares. Pero ahora se va a permitir a las Autonomías hacer de todo: regular las reducciones en la base imponible, la tarifa del impuesto, las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente, ampliar el perímetro familiar o establecer deducciones o bonificaciones en la cuota. Por eso es seguro que prácticamente todos los partidos van a "chupar rueda" eliminando la competencia electoral por este concepto incluyendo de una u otra manera esta propuesta en sus programas. Así que sorprendentemente vamos a aproximarnos a Italia (tipo cero) o a Luxemburgo (5%), cuando la media europea es del 23%.
En el programa electoral que presentó el PP para las elecciones de 2004 se anunciaba la supresión "parcial" del Impuesto de Sucesiones y Donaciones "inter vivos" en las Autonomías donde el PP gobernaba (este tributo se rige por una ley estatal, pero está cedido). Es esta una promesa claramente dirigida a las clases medias, abaratando el coste del altruismo intergeneracional. No todas las ofertas electorales tienen tantas virtudes como en ésta: popularidad e inocuidad (puede cumplirse sin riesgo para las Haciendas autonómicas). De hecho este es un impuesto de reducida recaudación (1.270 millones de euros al año) cuya mayor utilidad es la de registrar el cambio de titularidad de los bienes.
En casi toda la OCDE está desapareciendo la imposición sobre la riqueza, que era consecuencia de la extensión de la prosperidad. No se consideraba tan importante que la fiscalidad distinga entre la riqueza acumulada por un individuo a lo largo de su vida y la riqueza recibida en herencia. Depende del punto de vista. En la primera legislación de Bush, varios famosos empresarios de los EEUU le dirigieron una carta en protesta por la desaparición del Impuesto de Sucesiones, porque desincentivaba el espíritu emprendedor: las ideas de la ética protestante del "norte", tan distantes de las del "sur" católico.
Poco a poco, todas las Autonomías han venido aplicando diversas bonificaciones y exenciones para el caso de herencias y transmisiones a minusválidos, vivienda habitual y empresas familiares. Pero ahora se va a permitir a las Autonomías hacer de todo: regular las reducciones en la base imponible, la tarifa del impuesto, las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente, ampliar el perímetro familiar o establecer deducciones o bonificaciones en la cuota. Por eso es seguro que prácticamente todos los partidos van a "chupar rueda" eliminando la competencia electoral por este concepto incluyendo de una u otra manera esta propuesta en sus programas. Así que sorprendentemente vamos a aproximarnos a Italia (tipo cero) o a Luxemburgo (5%), cuando la media europea es del 23%.
España paraliza la puesta en marcha sobre prestaciones sanitarias transfronterizas en la UE
España tumba la directiva sobre libre circulación de pacientes
"Considera que pone en riesgo el sistema público de salud (...) La norma comunitaria sería especialmente gravosa para España, un país donde hay muchos pensionistas de otros países de la Unión. La titular de Sanidad estimó que si éstos decidían ser atendidos fuera a costa de la Hacienda española el coste podría ser de 2.000 millones de euros anuales".
La obligación de atender a los extranjeros residentes habría costado 2.000 millones anuales - Jiménez: "No queremos tratar la sanidad como una mercancía"
A. MISSÉ / M. R. SAHUQUILLO - Bruselas / Madrid
La directiva europea que buscaba consagrar la libre circulación de pacientes europeos ha quedado bloqueada. España logró ayer el apoyo de otros países para paralizar esta iniciativa sobre prestaciones sanitarias transfronterizas. Considera que pone en riesgo el sistema público de salud. "No queremos que la prestación sanitaria se trate como una mercancía", argumentó la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. La directiva rechazada ayer en el consejo de Ministros de Sanidad de la UE proponía que cualquier ciudadano comunitario tuviera derecho a recibir asistencia médica en cualquier Estado miembro y sin autorización previa de su país de origen o de residencia. La norma comunitaria sería especialmente gravosa para España, un país donde hay muchos pensionistas de otros países de la Unión. La titular de Sanidad estimó que si éstos decidían ser atendidos fuera a costa de la Hacienda española el coste podría ser de 2.000 millones de euros anuales.
Pero la iniciativa, aprobada en julio de 2008 por la Comisión Europea -faltaba el visto bueno del Consejo de ministros que la rechazó ayer y del Parlamento Europeo- ha quedado en nada. La oposición española obtuvo el respaldo de Portugal, Grecia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Lituania. Italia y Luxemburgo tampoco se mostraron satisfechos con la iniciativa comunitaria. Reino Unido, Francia y la presidencia sueca respaldaron la medida.
Reembolso
La propuesta de directiva, que refunde la doctrina desarrollada por el Tribunal de Justicia Europeo que clarifica los derechos sanitarios de los pacientes en otros Estados miembros, establece el derecho de reembolso de los gastos sanitarios por los tratamientos que reciban los europeos en centros públicos o privados en otros países. Además, establece que no es necesaria la autorización previa del país de residencia, que será quien sin embargo corra con los gastos de la prestación. Así, según la directiva, un pensionista alemán o británico que viva en España, por ejemplo, podría decidir que le practicasen una intervención quirúrgica en un centro privado de otro país de la UE, sin autorización previa española, y que luego los costes que hubiera anticipado le fueran reembolsados por España. Medidas que no afectan a las situaciones de casos imprevistos o urgentes que tienen garantizada ahora su atención en cualquier centro sanitario de la UE.
Para Trinidad Jiménez, la directiva "desde un punto de vista social no tiene sentido". "Rompe nuestro modelo sanitario de cohesión, justicia y solidaridad", aseguró. La directiva, según precisó la ministra, conduciría a mantener un doble sistema: por una parte un sistema público gratuito y universal para todo el mundo y por otra obligaría al Estado a reembolsar los gastos de los pacientes que, con una elevada capacidad de pago, hubieran decidido un tratamiento en un centro privado en el extranjero, sin autorización previa. Además, aseguró la ministra, la directiva "sólo da satisfacción al 1% de ciudadanos europeos". Es decir, aquellos que pueden anticipar los gastos de una intervención sanitaria.
España es un país muy atractivo para el llamado turismo sanitario. "Llegan numerosos pacientes a operarse o a hacerse intervenciones como ponerse un marcapasos, por ejemplo, algo que en España es rápido, fácil y se hace con una estupenda calidad", asegura Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Sin embargo, Francis Montané, presidente de la delegación del Consejo Nacional de Médicos de Francia y experto en asistencia transfronteriza explica que esa movilidad que permite el turismo sanitario, ya existe gracias a la tarjeta sanitaria europea. "La nueva normativa lo que hacía era facilitar eso", dice.
Además, mientras que los ciudadanos comunitarios suelen utilizar la sanidad española, el caso contrario no es tan frecuente. "Se usa poco. Sobre todo por desconocimiento. Muchos no saben si han de pagar algo y luego recibir un reembolso, por ejemplo", cuenta De la Peña.
Ambos expertos coinciden en la necesidad de acordar un texto que facilite la movilidad de los pacientes. Una tarea a la que se enfrentará España durante su presidencia de la UE, el primer semestre de 2010. Sin embargo, uno de los puntos polémicos para todos es la autorización previa de las prestaciones. Algo que, según Montané, supone un freno para la movilidad, pero que España y el resto de opositores a la norma considera una de las líneas rojas de la medida. Otra es el hecho de que la propuesta permita utilizar indistintamente los centros públicos o privados. La prestación debe practicarse en un centro público "para asegurar su calidad", dice Jiménez. Y añade que no se puede aplicar la carga financiera al país de residencia en lugar de al lugar donde el paciente hubiera cotizado habitualmente.
Del superávit al déficit
- Sistema doble. España tiene un sistema doble para financiar la atención sanitaria de los ciudadanos de la UE. Depende de si es un turista o una persona que tiene la residencia.
- Turistas. Cuando un visitante temporal tiene una urgencia y necesita ser atendido, explica el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, la comunidad correspondiente emite una factura por la atención prestada. Este importe es abonado al Gobierno autonómico a través del Fondo de Cohesión, y Sanidad se encarga de cobrárselo al país de origen del viajero.
- Residentes. Los países cuyos ciudadanos están empadronados en España pagan 205 euros al mes por persona. Lo mismo, pero a la inversa, sucede con los españoles en el extranjero. Este balance arroja un superávit para España de 450 millones de euros al año. Pero, eso sí, luego no se cobra nada por la atención sanitaria que los residentes reciban.
- Propuesta. La directiva propuesta preveía que cada país pagara por la atención que los residentes extranjeros recibieran fuera. Sanidad calcula que le costaría 2.000 millones de euros.
"Considera que pone en riesgo el sistema público de salud (...) La norma comunitaria sería especialmente gravosa para España, un país donde hay muchos pensionistas de otros países de la Unión. La titular de Sanidad estimó que si éstos decidían ser atendidos fuera a costa de la Hacienda española el coste podría ser de 2.000 millones de euros anuales".
La obligación de atender a los extranjeros residentes habría costado 2.000 millones anuales - Jiménez: "No queremos tratar la sanidad como una mercancía"
A. MISSÉ / M. R. SAHUQUILLO - Bruselas / Madrid
La directiva europea que buscaba consagrar la libre circulación de pacientes europeos ha quedado bloqueada. España logró ayer el apoyo de otros países para paralizar esta iniciativa sobre prestaciones sanitarias transfronterizas. Considera que pone en riesgo el sistema público de salud. "No queremos que la prestación sanitaria se trate como una mercancía", argumentó la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. La directiva rechazada ayer en el consejo de Ministros de Sanidad de la UE proponía que cualquier ciudadano comunitario tuviera derecho a recibir asistencia médica en cualquier Estado miembro y sin autorización previa de su país de origen o de residencia. La norma comunitaria sería especialmente gravosa para España, un país donde hay muchos pensionistas de otros países de la Unión. La titular de Sanidad estimó que si éstos decidían ser atendidos fuera a costa de la Hacienda española el coste podría ser de 2.000 millones de euros anuales.
Pero la iniciativa, aprobada en julio de 2008 por la Comisión Europea -faltaba el visto bueno del Consejo de ministros que la rechazó ayer y del Parlamento Europeo- ha quedado en nada. La oposición española obtuvo el respaldo de Portugal, Grecia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Lituania. Italia y Luxemburgo tampoco se mostraron satisfechos con la iniciativa comunitaria. Reino Unido, Francia y la presidencia sueca respaldaron la medida.
Reembolso
La propuesta de directiva, que refunde la doctrina desarrollada por el Tribunal de Justicia Europeo que clarifica los derechos sanitarios de los pacientes en otros Estados miembros, establece el derecho de reembolso de los gastos sanitarios por los tratamientos que reciban los europeos en centros públicos o privados en otros países. Además, establece que no es necesaria la autorización previa del país de residencia, que será quien sin embargo corra con los gastos de la prestación. Así, según la directiva, un pensionista alemán o británico que viva en España, por ejemplo, podría decidir que le practicasen una intervención quirúrgica en un centro privado de otro país de la UE, sin autorización previa española, y que luego los costes que hubiera anticipado le fueran reembolsados por España. Medidas que no afectan a las situaciones de casos imprevistos o urgentes que tienen garantizada ahora su atención en cualquier centro sanitario de la UE.
Para Trinidad Jiménez, la directiva "desde un punto de vista social no tiene sentido". "Rompe nuestro modelo sanitario de cohesión, justicia y solidaridad", aseguró. La directiva, según precisó la ministra, conduciría a mantener un doble sistema: por una parte un sistema público gratuito y universal para todo el mundo y por otra obligaría al Estado a reembolsar los gastos de los pacientes que, con una elevada capacidad de pago, hubieran decidido un tratamiento en un centro privado en el extranjero, sin autorización previa. Además, aseguró la ministra, la directiva "sólo da satisfacción al 1% de ciudadanos europeos". Es decir, aquellos que pueden anticipar los gastos de una intervención sanitaria.
España es un país muy atractivo para el llamado turismo sanitario. "Llegan numerosos pacientes a operarse o a hacerse intervenciones como ponerse un marcapasos, por ejemplo, algo que en España es rápido, fácil y se hace con una estupenda calidad", asegura Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Sin embargo, Francis Montané, presidente de la delegación del Consejo Nacional de Médicos de Francia y experto en asistencia transfronteriza explica que esa movilidad que permite el turismo sanitario, ya existe gracias a la tarjeta sanitaria europea. "La nueva normativa lo que hacía era facilitar eso", dice.
Además, mientras que los ciudadanos comunitarios suelen utilizar la sanidad española, el caso contrario no es tan frecuente. "Se usa poco. Sobre todo por desconocimiento. Muchos no saben si han de pagar algo y luego recibir un reembolso, por ejemplo", cuenta De la Peña.
Ambos expertos coinciden en la necesidad de acordar un texto que facilite la movilidad de los pacientes. Una tarea a la que se enfrentará España durante su presidencia de la UE, el primer semestre de 2010. Sin embargo, uno de los puntos polémicos para todos es la autorización previa de las prestaciones. Algo que, según Montané, supone un freno para la movilidad, pero que España y el resto de opositores a la norma considera una de las líneas rojas de la medida. Otra es el hecho de que la propuesta permita utilizar indistintamente los centros públicos o privados. La prestación debe practicarse en un centro público "para asegurar su calidad", dice Jiménez. Y añade que no se puede aplicar la carga financiera al país de residencia en lugar de al lugar donde el paciente hubiera cotizado habitualmente.
Del superávit al déficit
- Sistema doble. España tiene un sistema doble para financiar la atención sanitaria de los ciudadanos de la UE. Depende de si es un turista o una persona que tiene la residencia.
- Turistas. Cuando un visitante temporal tiene una urgencia y necesita ser atendido, explica el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, la comunidad correspondiente emite una factura por la atención prestada. Este importe es abonado al Gobierno autonómico a través del Fondo de Cohesión, y Sanidad se encarga de cobrárselo al país de origen del viajero.
- Residentes. Los países cuyos ciudadanos están empadronados en España pagan 205 euros al mes por persona. Lo mismo, pero a la inversa, sucede con los españoles en el extranjero. Este balance arroja un superávit para España de 450 millones de euros al año. Pero, eso sí, luego no se cobra nada por la atención sanitaria que los residentes reciban.
- Propuesta. La directiva propuesta preveía que cada país pagara por la atención que los residentes extranjeros recibieran fuera. Sanidad calcula que le costaría 2.000 millones de euros.
nace la policia cultural de internet
Nace la 'policía' cultural de Internet
Una comisión administrativa podrá bloquear las 'web' que faciliten las descargas 'piratas' de cine o música - La intervención judicial no será indispensable
RAMÓN MUÑOZ - Madrid
Una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes será la encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet. Se llamará Comisión de Propiedad Intelectual y tendrá unos poderes hasta ahora inéditos para un órgano administrativo, puesto que suya será la potestad de bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos. La tutela judicial del proceso, que en el caso del corte de las conexiones de los internautas particulares nadie pone en duda, queda al menos en entredicho, en el caso del bloqueo de las web, que podrá ser decidido en primera instancia por la citada comisión.
La propia ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, reconoció ayer en el Senado que se tratará de un procedimiento administrativo el que decida, "con plenas garantías", las medidas que habrá que adoptar "contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros", y que la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
La vaga redacción de la modificación legal reproducirá la polémica que ya han vivido otros países europeos sobre si es necesaria la intervención judicial previa para restringir los servicios en Internet. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad la directiva en la que se retiraba ese requisito, y Francia ha creado un organismo administrativo (Hadopi) con potestades para perseguir a los internautas que realicen descargas de archivos protegidos. La gran diferencia en el caso de España es que la Comisión se centrará en la persecución de las páginas web tanto de descargas directas como de programas p2p de intercambio de archivos y no perseguirá a los internautas particulares que realicen esas descargas. "En ningún caso, se va a cortar Internet a los usuarios", dijo González-Sinde.
Esta es la principal propuesta que la comisión interministerial encargada de realizar un diagnóstico sobre la llamada "piratería" en Internet ha elevado al Gobierno, y que éste ya ha plasmado, en parte, en la Ley de Economía Sostenible, en cuya disposición final se modifica tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) como la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para dar cobertura legal a ese organismo, cuyo funcionamiento se desarrollará por un reglamento posterior.
La Comisión de Propiedad Intelectual (en realidad, es una segunda sección de este organismo que ya funciona en la actualidad pero con otras competencias) dependerá funcionalmente del Ministerio de Cultura, tendrá entre tres y cinco miembros, que serán elegidos, con el máximo consenso posible, con la participación de otros departamentos como el Ministerio de Industria.
Para detectar las web que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Una vez que comprueben esa vulneración remitirán varios avisos para que cesen en su conducta. En caso de no hacerlo, podrán solicitar el bloqueo de la web o la retirada de contenidos de la misma. Los responsables de las páginas denunciadas tendrán derecho a ser oídos y a la presunción de inocencia, informaron en fuentes de la Comisión Interministerial.
Y es que en la modificación de la LSSI se equipara la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, como son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia.
Sin embargo, ni la LSSI ni las modificaciones legales ahora introducidas aclaran el espinoso asunto de la tutela judicial, aunque a juzgar por las declaraciones de la ministra de Cultura no habrá intervención previa del juez salvo que la Comisión lo decida. González-Sinde se remitió a la directiva del Paquete Telecom aprobada la pasada semana en Estrasburgo que da libertad a los Estados para decidir si la regulación de las descargas se realiza por un procedimiento administrativo o judicial.
Las inesperadas declaraciones realizadas la pasada semana por la comisaria de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, de que España tendría problemas con su legislación antidescargas cobran ahora sentido. Desde instancias oficiales, se atribuyeron entonces a la desinformación de la comisaria, pero tal vez estuviera más informada de lo que todos pensaban.
Una comisión administrativa podrá bloquear las 'web' que faciliten las descargas 'piratas' de cine o música - La intervención judicial no será indispensable
RAMÓN MUÑOZ - Madrid
Una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes será la encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet. Se llamará Comisión de Propiedad Intelectual y tendrá unos poderes hasta ahora inéditos para un órgano administrativo, puesto que suya será la potestad de bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos. La tutela judicial del proceso, que en el caso del corte de las conexiones de los internautas particulares nadie pone en duda, queda al menos en entredicho, en el caso del bloqueo de las web, que podrá ser decidido en primera instancia por la citada comisión.
La propia ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, reconoció ayer en el Senado que se tratará de un procedimiento administrativo el que decida, "con plenas garantías", las medidas que habrá que adoptar "contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros", y que la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
La vaga redacción de la modificación legal reproducirá la polémica que ya han vivido otros países europeos sobre si es necesaria la intervención judicial previa para restringir los servicios en Internet. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad la directiva en la que se retiraba ese requisito, y Francia ha creado un organismo administrativo (Hadopi) con potestades para perseguir a los internautas que realicen descargas de archivos protegidos. La gran diferencia en el caso de España es que la Comisión se centrará en la persecución de las páginas web tanto de descargas directas como de programas p2p de intercambio de archivos y no perseguirá a los internautas particulares que realicen esas descargas. "En ningún caso, se va a cortar Internet a los usuarios", dijo González-Sinde.
Esta es la principal propuesta que la comisión interministerial encargada de realizar un diagnóstico sobre la llamada "piratería" en Internet ha elevado al Gobierno, y que éste ya ha plasmado, en parte, en la Ley de Economía Sostenible, en cuya disposición final se modifica tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) como la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para dar cobertura legal a ese organismo, cuyo funcionamiento se desarrollará por un reglamento posterior.
La Comisión de Propiedad Intelectual (en realidad, es una segunda sección de este organismo que ya funciona en la actualidad pero con otras competencias) dependerá funcionalmente del Ministerio de Cultura, tendrá entre tres y cinco miembros, que serán elegidos, con el máximo consenso posible, con la participación de otros departamentos como el Ministerio de Industria.
Para detectar las web que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Una vez que comprueben esa vulneración remitirán varios avisos para que cesen en su conducta. En caso de no hacerlo, podrán solicitar el bloqueo de la web o la retirada de contenidos de la misma. Los responsables de las páginas denunciadas tendrán derecho a ser oídos y a la presunción de inocencia, informaron en fuentes de la Comisión Interministerial.
Y es que en la modificación de la LSSI se equipara la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio, como son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia.
Sin embargo, ni la LSSI ni las modificaciones legales ahora introducidas aclaran el espinoso asunto de la tutela judicial, aunque a juzgar por las declaraciones de la ministra de Cultura no habrá intervención previa del juez salvo que la Comisión lo decida. González-Sinde se remitió a la directiva del Paquete Telecom aprobada la pasada semana en Estrasburgo que da libertad a los Estados para decidir si la regulación de las descargas se realiza por un procedimiento administrativo o judicial.
Las inesperadas declaraciones realizadas la pasada semana por la comisaria de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, de que España tendría problemas con su legislación antidescargas cobran ahora sentido. Desde instancias oficiales, se atribuyeron entonces a la desinformación de la comisaria, pero tal vez estuviera más informada de lo que todos pensaban.
Estado acaparador, crédito bloqueado
Estado acaparador, crédito bloqueado
Pedro Javaloyes
Cada día una medida y cada medida una ocurrencia, o mejor, un conjunto de ellas. La informe bola que amalgama cada una de esas medidas y ocurrencias adquiere ya proporciones planetarias.
Ahora que llegan las Navidades sólo nos falta que alguien del Gobierno exprese su seguridad de que, alianza de las civilizaciones mediante, los Reyes Magos de Oriente nos traerán más crédito para familias y para empresas; lo cierto es que parece difícil que pueda venir de otro lado.
Cada declaración, cada expresión de compromiso de solidaridad "con el conjunto de la ciudadanía", como gusta denominar el presidente Zapatero al sufrido pueblo llano; cada nueva iniciativa, esconden una realidad no suficientemente denunciada; casi diría que es una de tantas realidades que comparecen de incógnito para pasmo del pobre Juan Español. La cruda realidad es que el Gobierno, con su desesperada política de financiación de la deuda pública, ha conseguido que el goteo del crédito sea cada vez más escaso.
Ahogo financiero
Millones de familias y decenas de miles de empresas se ahogan financieramente. Y no me refiero a quienes necesitan operaciones crediticias arriesgadas ni comprometedoras, en modo alguno, para la solvencia del sistema financiero. Se trata de créditos que financien el circulante de las empresas, de adquisición de viviendas habituales o la compra de bienes de consumo necesarios.
Pero, ¿para qué va a asumir el banco el más mínimo riesgo si pone todos los huevos en la cesta gigantesca de la deuda pública? La cuenta que se hace el sistema financiero español es bien sencilla: tomo el dinero al 1% en el inagotable manantial del Banco Central Europeo y se lo presto al Estado al 3%; y con ese diferencial, multiplicado por el monstruoso volumen de la deuda, a vivir que son dos días. Así, Juan Español, se ha quedado en paro por el cierre de la empresa donde trabaja -sin fondos para seguir funcionando-, y ha perdido su vivienda por no haber podido renegociar su hipoteca.
Eso sí, se le dice que no tiene nada de que preocuparse porque ZP (sólo falta que los cheques lleven su firma) le dará un subsidio de paro con el dinero, claro está, que los bancos no quisieron prestarle a él porque prefirieron dárselo al Estado, tan dadivoso él con el precio que paga para financiarse. Pero como el Estado somos todos, acabaremos antes o después devolviendo a los bancos que no quisieron financiar la hipoteca de Juan y el circulante de su empresa el dinero de su subsidio de paro. Con intereses, por supuesto.
Un país en el que siete de cada diez familias hipotecadas tienen comprometidos más del 40% de sus ingresos mensuales en pagos financieros; en el que casi dos de cada diez afirman haber retrasado el pago de la hipoteca al menos una vez en el último año; en el que dos terceras partes tienen la intención de acometer una operación de agrupación de deudas (según datos del Observatorio de la Financiación Familiar de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios) no puede no encontrar fórmulas (al menos, búsquense) para que se reestablezca el flujo crediticio. Algo que debe pasar, como parece obvio, porque bancos y cajas vean que su principal cliente debe ser la economía real, no la palanca del dispendio público.
Cliente y proveedor (banca y Estado) caen, en esto, en la misma tentación: el cortoplacismo, el que trae el pan para hoy y el hambre para mañana. Y para pasado mañana, y para el otro.
Visto esto, no parece que los llamados facilitadores de crédito sirvan para algo si no se amplía su ámbito de actuación a las familias a través de figuras de medicación financiera ya existentes, eficaces y transparentes. Con todo, los auténticos facilitadores de crédito deben ser tanto los bancos como las condiciones que los gobiernos crean para que la bicicleta no se pare. Empecemos por ahí.
Director del Gabinete de Estudios de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios
~
Miren, lo que sucede es que la banca no presta porque, como refleja el interbancario, no se fía de la morosidad oculta del competidor y porque ¿para qué va a asumir la banca el más mínimo riesgo, si coge el dinero de las subvenciones y lo coloca en deuda pública? Así lo cuenta el consultor Pedro Javaloyes en EXPANSIÓN, pág 54. Al final, todo termina confluyendo en el aumento del paro, debido a que las PyMEs no disponen de crédito para circulante, según delataba PÚBLICO del pasado 24 de noviembre, pág 3.
Pedro Javaloyes
Cada día una medida y cada medida una ocurrencia, o mejor, un conjunto de ellas. La informe bola que amalgama cada una de esas medidas y ocurrencias adquiere ya proporciones planetarias.
Ahora que llegan las Navidades sólo nos falta que alguien del Gobierno exprese su seguridad de que, alianza de las civilizaciones mediante, los Reyes Magos de Oriente nos traerán más crédito para familias y para empresas; lo cierto es que parece difícil que pueda venir de otro lado.
Cada declaración, cada expresión de compromiso de solidaridad "con el conjunto de la ciudadanía", como gusta denominar el presidente Zapatero al sufrido pueblo llano; cada nueva iniciativa, esconden una realidad no suficientemente denunciada; casi diría que es una de tantas realidades que comparecen de incógnito para pasmo del pobre Juan Español. La cruda realidad es que el Gobierno, con su desesperada política de financiación de la deuda pública, ha conseguido que el goteo del crédito sea cada vez más escaso.
Ahogo financiero
Millones de familias y decenas de miles de empresas se ahogan financieramente. Y no me refiero a quienes necesitan operaciones crediticias arriesgadas ni comprometedoras, en modo alguno, para la solvencia del sistema financiero. Se trata de créditos que financien el circulante de las empresas, de adquisición de viviendas habituales o la compra de bienes de consumo necesarios.
Pero, ¿para qué va a asumir el banco el más mínimo riesgo si pone todos los huevos en la cesta gigantesca de la deuda pública? La cuenta que se hace el sistema financiero español es bien sencilla: tomo el dinero al 1% en el inagotable manantial del Banco Central Europeo y se lo presto al Estado al 3%; y con ese diferencial, multiplicado por el monstruoso volumen de la deuda, a vivir que son dos días. Así, Juan Español, se ha quedado en paro por el cierre de la empresa donde trabaja -sin fondos para seguir funcionando-, y ha perdido su vivienda por no haber podido renegociar su hipoteca.
Eso sí, se le dice que no tiene nada de que preocuparse porque ZP (sólo falta que los cheques lleven su firma) le dará un subsidio de paro con el dinero, claro está, que los bancos no quisieron prestarle a él porque prefirieron dárselo al Estado, tan dadivoso él con el precio que paga para financiarse. Pero como el Estado somos todos, acabaremos antes o después devolviendo a los bancos que no quisieron financiar la hipoteca de Juan y el circulante de su empresa el dinero de su subsidio de paro. Con intereses, por supuesto.
Un país en el que siete de cada diez familias hipotecadas tienen comprometidos más del 40% de sus ingresos mensuales en pagos financieros; en el que casi dos de cada diez afirman haber retrasado el pago de la hipoteca al menos una vez en el último año; en el que dos terceras partes tienen la intención de acometer una operación de agrupación de deudas (según datos del Observatorio de la Financiación Familiar de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios) no puede no encontrar fórmulas (al menos, búsquense) para que se reestablezca el flujo crediticio. Algo que debe pasar, como parece obvio, porque bancos y cajas vean que su principal cliente debe ser la economía real, no la palanca del dispendio público.
Cliente y proveedor (banca y Estado) caen, en esto, en la misma tentación: el cortoplacismo, el que trae el pan para hoy y el hambre para mañana. Y para pasado mañana, y para el otro.
Visto esto, no parece que los llamados facilitadores de crédito sirvan para algo si no se amplía su ámbito de actuación a las familias a través de figuras de medicación financiera ya existentes, eficaces y transparentes. Con todo, los auténticos facilitadores de crédito deben ser tanto los bancos como las condiciones que los gobiernos crean para que la bicicleta no se pare. Empecemos por ahí.
Director del Gabinete de Estudios de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios
~
Miren, lo que sucede es que la banca no presta porque, como refleja el interbancario, no se fía de la morosidad oculta del competidor y porque ¿para qué va a asumir la banca el más mínimo riesgo, si coge el dinero de las subvenciones y lo coloca en deuda pública? Así lo cuenta el consultor Pedro Javaloyes en EXPANSIÓN, pág 54. Al final, todo termina confluyendo en el aumento del paro, debido a que las PyMEs no disponen de crédito para circulante, según delataba PÚBLICO del pasado 24 de noviembre, pág 3.
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