Un nuevo modelo productivo exigiría un cambio histórico

Según el Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, "Un nuevo modelo [productivo] exigiría un cambio histórico". El filósofo Paolo Flores dÁrcais escribía en pág 31 del pasado domingo "La traición de la socialdemocracia". "Creo haber escrito mi primer artículo sobre "la crisis de la socialdemocracia" hace aproximadamente un cuarto de siglo, y eran ya muchos quienes me habían precedido. Sirva ello para explicar que el tema no es nuevo y que puede decirse que las socialdemocracias, en cierto sentido, siempre han estado en crisis (excepto las escandinavas, que nunca llegaron a crear escuela). La raíz de tal crisis reside en efecto en la desviación (un abismo a menudo) entre el dicho y el hecho que las aqueja. La socialdemocracia nació como una alternativa al comunismo en la defensa de la igualdad contra el sistema de privilegios. La alternativa al comunismo se ha conservado (con toda justicia) pero la batalla por la igualdad (es decir, la lucha contra los privilegios) se ha visto reducida a flatus vocis, incluso en su fórmula minimalista de la "igualdad de oportunidades de arranque", que llegó a ser teorizada por numerosos liberales como corolario de la meritocracia individual".



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Un nuevo modelo exigiría un cambio histórico

NICOLÁS SARTORIUS

Se habla sin parar de la necesidad de cambiar el modelo productivo de nuestro país. Pero tengo la impresión de que se precisa poco. Porque, ¿qué quiere decir cambiar el modelo productivo? En realidad, se trataría no sólo de modificar la composición sectorial del PIB, es decir, el origen de la riqueza que generamos, sino también cómo la generamos, cómo la repartimos y cómo la consumimos. Si me permiten la licencia, es, en cierto sentido, modificar la dirección de la historia de España en términos económicos, lo mismo que en el 78 la modificamos en su orientación política. Y esta magna empresa no se hace con leyes, aunque bienvenidas sean aquellas que lo propicien. Se trata de un gran esfuerzo colectivo, sostenido en el tiempo, que exige un nuevo contrato y unas nuevas reglas. Un contrato donde se especifique lo que cada parte debe aportar -y no realidades frente a promesas- y nuevas reglas que impidan, en lo posible, que se repita dentro de un tiempo el mismo desastre, acrecentado.

Cuando la crisis ha golpeado con más virulencia en España en clave de empleo, la sorpresa ha sido relativa. Advertencias de lo que podía suceder, haberlas, las había. Era obvio que nuestro sector inmobiliario no podía crecer con aquella exuberancia y el estallido ha sido brutal. Se explican las actuales cifras de paro si tenemos en cuenta que el 20% del empleo creado desde 1996 a 2007 lo fue en ese sector, que concentraba más del 15% de toda la inversión y suponía alrededor del 11% del PIB. Si a ello unimos que los otros sectores que crearon más empleo fueron la hostelería, el servicio doméstico y el comercio al por menor (más de otro 20%), tenemos el cuadro completo. Como ven ustedes, sectores de "alto valor añadido".

Es verdad que estamos mejor preparados que en otras épocas para hacer frente a la sacudida, pero no es cierto que estemos pertrechados como los países avanzados de Europa. ¿Cómo vamos a estarlo con productividad más baja, menos inversión en I+D+i, peor formación profesional y un 30% de fracaso escolar? Y el doble de desempleo no obedece a las disfunciones de nuestro mercado laboral. El que más del 30% de la mano de obra tenga contratos temporales -cuando en Europa es una tercera parte- no tiene su causa en el mercado laboral, sino en que un exceso de mano de obra se concentra en sectores estructuralmente temporales de baja productividad y escasa cualificación. Esto es lo que hay que cambiar. Porque si el capital, en España, se ha cobijado en demasía en la vivienda residencial es porque ahí se hacía dinero rápido, fácil, y podía forrarse hasta el que no sabía hacer la o con un canuto. En ese desmadre han colaborado, por activa o por pasiva,bancos, administraciones y una parte de un empresariado de cartón piedra. Dejando aparte la corrupción, de la que se advirtió.

Darle la vuelta a esta situación -no sólo salir de la crisis- va a costar años. Construir un modelo moderno, inmerso en la sociedad del conocimiento, de las nuevas tecnologías, avanzado socialmente y sostenible supone abordar reformas muy serias. Empezando por el sistema financiero, que si bien parece sólido no distribuye con fluidez el crédito y está ahogando a las pymes. La banca no es sólo de los accionistas, sino también de los impositores, al controlar el dinero del país y, en este sentido, realizar un servicio público esencial que, como tal, debe estar eficazmente supervisado y regulado para que cumpla con su función. De lo contrario, ¿cómo se justifica que acuda a su rescate el dinero del contribuyente cuando tienen dificultades?

De otro lado, España necesita, también, una reforma de la empresa y, dentro de ella, la laboral, que es una parte de aquélla. Pero está de moda hablar sólo de esta última, sin concretar en qué consiste. Una economía de la innovación y el conocimiento exige la participación del personal, formas más avanzadas de organización del trabajo y una manera más equitativa de repartir la riqueza. No hay nuevo modelo con los salarios perdiendo posiciones, el gasto social por debajo de la media europea, un exceso de familias que no llegan a fin de mes y el 20% de la población por debajo del nivel de pobreza.

Todos decimos que hay que invertir mucho más en educación, I+D+i, en las universidades, en formación profesional. Se ha avanzado en los últimos años, pero estamos lejos de los países de cabeza. En el Índice Sintético de Innovación de la UE España ocupa el puesto 17, cuando somos la quinta economía de Europa. Si queremos converger en este campo, que es la clave del futuro, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor, las administraciones y, sobre todo, las empresas, que están retrasadas. Lo mismo que avanzar hacia una economía sostenible o verde supone un nuevo paradigma energético, otra forma de producir y consumir, ahorrando.

Todo ello, como es lógico, requiere copiosas inversiones y ahorro en gastos superfluos. Pero, sobre todo, un replanteamiento de la política fiscal. La moda de las rebajas fiscales debe concluir. De lo contrario, es ridículo hablar de cambio de modelo. De entrada, hay que exterminar los paraísos fiscales y combatir con energía el fraude fiscal. Dicho esto, a corto plazo y en el caso español, yo hubiera preferido sustituir el anunciado aumento de impuestos por algo más de déficit, teniendo en cuenta el bajo nivel de deuda. Subir impuestos a las mayorías cuando se está iniciando el despegue no me parece lo más acertado.

En fin, las grandes empresas colectivas necesitan, en general, ser pactadas. No se cambió de modelo político sin consenso; no se cambiará el modelo productivo sin acuerdo. En este sentido, se ha hablado mucho de los Pactos de la Moncloa. La situación de hoy no tiene nada que ver con aquélla, pero sí en una cosa: conviene acordar los grandes retos nacionales. Entonces se trató de un pacto, a iniciativa del Gobierno, de las fuerzas políticas, con un contenido también económico y apoyado por las fuerzas sociales. Hoy, quizá habría que haberlo hecho al revés: un gran acuerdo económico social, a iniciativa del Gobierno, con las fuerzas sociales, debatido y, en su caso, aprobado por el Parlamento.

Se tenía que haber aprovechado el momento de la explosión de la crisis, cuando los que siempre pugnan para que todo siga más o menos igual estaban acongojados y necesitaban, imperiosamente, el concurso del Estado. Ahora ya se han rehecho, en parte, y no están por la labor. Olfatean, quizá equivocadamente, tiempos mejores para su causa. Los grandes pactos son siempre el resultado del miedo o de la necesidad. Pretender que lo sean del patriotismo o de la solidaridad es demasiado pedir en los tiempos que corren. El Gobierno, en todo caso, es el llamado a realizar un crudo y certero diagnóstico y apretar las clavijas a las partes. De lo contrario, unos y otros seguirán a su bola. Temo que lo que no se hizo en su momento sea cada vez más difícil conseguirlo. Pero valdría la pena intentarlo, pues el país lo necesita y los españoles lo agradeceríamos.

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.