Maite Pagazaurtundua
Ha tenido que ser una mujer como Pagazaurtundua para exigir al gobierno que termine con la impunidad de los fraudes económicos, al afirmar que no hay nada mas destructivo que la impunidad.
Reproducía El País del pasado martes una conversación grabada por la policía judicial al presidente del Hércules cuando este contaba aun familiar que había dado cien mil euros al portero del Córdoba para que la “pelotita” entrase en la red. En esa misma grabación el mismo presidente contaba al mismo familiar que “al Salamanca” le ofrecimos ciento cincuenta mil euros, pero no quisieron. Todo este manejo de dinero negro en metálico ha sido descubierto como un subproducto del caso Brugal que, también tenia su base en el “pelotazo” de la burbuja hipotecaria.
El caso del Hércules no es la primera vez que sucede en la FEF y en el CSD. No es la primera vez que se corrompe al portero o al delantero centro para subir o no de categoría en la liga. Ya lo hizo Las Palmas con el Rayo Vallecano y la Real Sociedad también con el Málaga. Jaime lissavetzky debería poner orden y ganar autorizad en este sector “corruptillo” del fútbol antes de presentarse como candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid. Quizás en el terreno deportivo los clubs terminen por convertirse en Sociedades Anónimas, es decir en privatizarse definitivamente. Porque si hay porteros de fútbol que no pagan por sus trampas, ¿quien va apostar a las quinielas? y ¿quien va a poder definir el precio de un traspaso del galáctico? y ¿que auditor podrá valorar la tasación de un Club que quiera cotizar en Bolsa?.
La teoría económica dice que no es lo mismo una estafa en una empresa privada que en una Institución Publica, la estafa en una empresa privada solo afecta a los ejecutivos y accionistas de dicha empresa pero la estafa de Roldan, por ejemplo, afecta a los bolsillos de todos ustedes.
Muchos ciudadanos saben que en algún momento habrá una contradicción entre el ajuste fiscal que exige Zapatero y la calidad del estado de bienestar. Los que prefieren cumplir con las leyes pagando sus impuestos y también los que están sujetos a las retenciones por trabajo sí que les importa mucho que aumente el grado de eficacia de la lucha contra el fraude: porque si no fuera así podría ponerse en peligro el mantenimiento del gasto social que les permite mantener la calidad de vida. En realidad los políticos deberían, las próximas elecciones garantizar una tasa de recuperación del fraude fiscal en relación con el volumen de ajuste exigido para todos los ciudadanos, sean trabajadores o pensionistas.
Millet basada su poderío en saber aprovechar lo oculto desaprovechado, en poner en marcha las potencialidades que antes no veía nadie. Y lo hizo en un marco transparente para los inversores y opaco para la inspección auditora y fiscal. La teoría de la corrupción dice que ésta es una actividad con rendimientos crecientes a escala, que cuanto más crece el número de los que se dedican a ella más incentivos se crean para desarrollarse.
No es éste un caso diferente de tantos otros. Todos los robos, de dineros privados o de caudales públicos, se parecen en lo importante: expropiar en beneficio de personas físicas con nombres y apellidos. En el caso de los dineros los perjudicados han podido instar las demandas judiciales que creyeran oportunas contra los ladrones, las auditoras o al Estado como subsidiario (los fondos de Garantía). En el caso de los dineros públicos (Roldán, Julián Muñoz, Brugal, Prenafeta, Roca, Correa, los hermanos Salazar o Carlos Fabra o Eliseo Climent es peor, porque los perjudicados han sido todos los que con sus impuestos financian el gasto público.
En el caso de Millet, la Agencia Tributaria ha sabido tener una trampa a la Artur Mas pero en el resto la aparente diligencia en la defensa del resto de los intereses públicos en el resto de los estafas es lo que produce asombro y escándalo, como si la multitud de organismos de control existentes (Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros, etc.) carecieran de las ocasiones y medios necesarios para descubrir las estafas. Peor todavía ha sido la forma en que se han podido llegar a conocer casi todas estas irregularidades: en una gran mayoría de ocasiones mediante el papel reparador y vengativo, según los casos, de la prensa. El azar, la lucha política y el débil lazo de complicidades que se establecen en el “mercado de corruptores” y el “mercado de corrompidos”, han sido los verdaderos investigadores de las estafas y del robo al Estado.
De hecho ha sido una carta anónima dirigida a la Hacienda la que inicio la investigación sobre supuestos regalos de Millet a la Fundación FAES. El arbitrismo favorece la corrupción y la transparencia la dificulta. La corrupción económica se beneficia siempre de la oscuridad. La decisión de un estafador viene definida por la ponderación del beneficio que puede conseguir si su acción no es descubierta, del grado de castigo asociado a si se le descubre y de la probabilidad de detección asociada. Ni el rechazo social ni la inspección del Estado han sido nunca determinantes en la reducción de la corrupción pública. La historia dice que más eficaz ha sido el abandono voluntario de la capacidad de actuación discrecional de las autoridades en la aplicación de las normas de la vida económica.
Por eso no se entiende nada que el gobierno haya permitido retirar, en la reforma del Código Penal (BOE del 23 de Junio) la ampliación de cinco a diez años la prescripción de los delitos fiscales es decir, este gobierno de Zapatero “debe estar loco” sino persigue a la Sicav y retrasa el tiempo de prescripción del delito. Y más todavía coincidiendo con la polémica de las cuentas opacas en la filial suiza del HSBC.
Manuel Portela Peñas
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