Phil Bennett realiza una entrevista

Las autoridades y otros políticos, por el contrario, tienden a prestar más atención a las raíces internacionales. Para el Gobierno de Zapatero, esa respuesta parece ser casi un reflejo. Cuando le pregunté a Elena Salgado, la animosa y elegante vicepresidenta económica, sobre los obstáculos al crecimiento de la economía, lo primero que dijo fue: "A nosotros nos está penalizando el desconocimiento internacional de dos cuestiones importantes...", y emprendió una explicación del estado constitucional de las comunidades autónomas y la solidez de las cajas de ahorro. Al final acabó diciendo que, cuando se completen la reestructuración de las cajas y la reforma del mercado laboral, "habremos puesto las bases para recuperar nuestro crecimiento potencial, que en España es alto".

La decisión entre buscar las claves de la recuperación económica dentro o buscarlas fuera puede reflejar las diferencias sobre la urgencia y la dimensión de las reformas estructurales necesarias para conseguirlo. En cualquiera de los dos casos, muchos economistas se han vuelto pesimistas sobre las perspectivas de crecimiento. Después de contraerse un 3,9% en 2009, la economía española será la única del G-20 que no va a crecer en 2010. El Gobierno ha reducido sus proyecciones de crecimiento para 2011 al 1,8%; la agencia de calificaciones Fitch las sitúa a un nivel aún más bajo. Molinas y otros creen que la recuperación será en "L", más parecida a la de Japón en los últimos 20 años que a la de Estados Unidos.

"El mayor riesgo es que en 2013-2015 la renta per cápita vuelva a ser la que era hace 10 años", dice Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales. "Va a ser una economía más delgada con peligro de anorexia".

Fernando Ballabriga, director del departamento de economía en la Escuela de Negocios ESADE, también ve un "horizonte de estancamiento". "Lo que es más preocupante no es la crisis inmediata, sino el estancamiento a largo plazo", asegura. "Es muy importante que la solución sea un paquete. Yo estoy convencido de que hay que hacer todo a la vez. Que la política esté o no preparada para eso, es la gran pregunta".

"Todo a la vez" significa llevar a cabo reformas estructurales, además de medidas de austeridad. Incluye una reforma laboral que cree flexibilidad salarial y más igualdad para el 30% de trabajadores con contratos temporales; la reforma de las cajas de ahorros, que albergan el 50% de los depósitos, consolidar su número y proporcionar los medios para la recapitalización; crear una financiación pública sostenible; ocuparse de una población mayor cada vez más numerosa; impulsar la productividad, que se redujo bruscamente durante los últimos 10 años.

Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex director del FMI, que este año ha sido nombrado presidente de Caja Madrid, me dijo que "lo que tiene que hacer España es tomar decisiones sobre su política tanto macroeconómica como microeconómica, y explicarlas a la gente. Esas decisiones son difíciles. Lo importante es que las decisiones no sólo resuelvan nuestros problemas inmediatos, sino que introduzcan correcciones en la forma de abordar nuestros problemas a largo plazo".

Rato confía en que la reforma de las cajas va a seguir adelante. "Estoy seguro de que de aquí a dos o tres años tendremos menos cajas en activo, mayores y más capitalizadas".

Pero ninguna medida es por sí sola una contraseña mágica para salir de la crisis. La reforma del mercado laboral, por ejemplo, no es un medio para crear nuevos puestos de trabajo. Y algunos de los mecanismos que los Gobiernos utilizaban en el pasado para restablecer la competitividad -como las seis devaluaciones de la peseta entre 1977 y 1997- desaparecieron con la creación de la eurozona, lo cual supone una presión añadida para la unión monetaria y España.

Javier Vallés, principal asesor económico de Zapatero, dice que en estas circunstancias no existen buenos modelos que España pueda imitar. "Entre los economistas suelen hacer papers con economías de laboratorio", explica. "España es un ejemplo real de una economía que va a ser estudiada en los próximos cinco años. Ahora es el momento de la consolidación fiscal y un ajuste que marque el crecimiento de la próxima década. Las decisiones que estamos tomando ahora tendrán impacto en los próximos 10 o 20 años".

Para Salgado, la eurozona realza la "dicotomía" entre austeridad y crecimiento. "El problema es que nosotros tenemos que financiar nuestro déficit en los mercados y no estamos en la situación de Estados Unidos ni estamos en la situación de los países de fuera del euro, que, aunque no hagan una devaluación, pueden ver cómo su moneda se deprecia, en términos relativos, y eso les origina una ventaja competitiva", dice. "Nosotros estamos en una zona económica que está ligada a una moneda y, por tanto, las herramientas que tuvimos en los años noventa ya no las tenemos. Entonces, claro, siendo verdad que debiéramos hacer más por el crecimiento, lo cierto es que, día a día... los mercados en este momento están primando más la austeridad en el gasto".

"Es cierto que la confianza es muy difícil de construir y muy fácil de perder. Así que vamos a pagar un precio por la pérdida de confianza", dice Rato. "Algunos de nuestros problemas deben resolverse al nivel del euro. Seamos francos: no sólo hay falta de confianza en España, sino falta de confianza en el sistema del euro y en su capacidad de resolver sus propios problemas. Y ahí creo que necesitamos una definición clara de lo que debe ser una política fiscal del euro. Algo que en estos momentos está faltando".

En España es frecuente comparar a los políticos, y de forma desfavorable, con el sector empresarial del país. España posee un plantel de grandes compañías de categoría internacional: Banco Santander, BBVA, Telefónica, Ferrovial, Iberdrola, FCC, ACS y otras. Cuenta con tres de las mejores escuelas de negocios del mundo. La inversión en energías renovables le ha dado fama internacional por parques eólicos como el que está cerca de la universidad de mi hija en Pensilvania, operado por Gamesa, que ha obtenido millones de dólares de los fondos de estímulo en Estados Unidos.

Por el contrario, los dirigentes políticos españoles son objeto de críticas feroces por parte de la opinión pública. Las informaciones constantes sobre la corrupción política, la incomprensible alergia -curada hace muy poco- del Gobierno de Zapatero a la palabra "crisis", el ferviente empeño de la oposición en buscar ventajas electorales a costa del consenso, han acabado con la fe en que las autoridades puedan conducir al país hacia la recuperación.

"Las soluciones requieren o un gran consenso o un Gobierno fuerte. Y no tenemos ninguno de los dos", dice Fernando Fernández, profesor de economía en la IE Business School. Añade: "Que tenemos un problema de competencia profesional en la clase política, es objetivamente cierto... Nunca hemos tenido un Gobierno más débil, nunca en la historia de España".

Gran parte del problema de credibilidad del Gobierno al hablar de economía tiene que ver con que todavía hoy no ha ofrecido una visión clara y global del camino que tiene España por delante. Y la montaña rusa del último mes no ha ayudado. Zapatero no ha explicado del todo por qué declaró el 5 de mayo que la economía no necesitaba un ajuste "drástico" y a continuación anunció ajustes drásticos e "imprescindibles" una semana después.

De hecho, los miembros del Gobierno siguen dando la impresión de que su fe en la austeridad es resultado de una conversión obligada. Salgado dice que el Gobierno cree, como proclamó Zapatero el año pasado, que la salida de la crisis "será social, o no será". Al preguntarle si el gasto social actual es sostenible, contesta, con brevedad, que "es sostenible porque según nuestras prioridades lo hemos puesto en el máximo lugar".

"Nosotros estamos resistiendo lo máximo posible antes de afectar a ninguna partida del gasto social. Ahora hemos tenido que afectar mínimamente a un 0,5% del gasto social, pero queremos quedarnos ahí", añade.

La endeble convicción del Gobierno parece corresponderse con el celoso oportunismo de la oposición. Me entrevisté con Mariano Rajoy en su despacho de la planta alta de la sede del Partido Popular en la calle de Génova. Con amabilidad y después de apartar su cigarro, Rajoy se lanzó a enumerar las diferencias entre su estrategia para la economía y la de Zapatero con el fervor de un fiscal que sabe que él también está siendo sometido a juicio.

En el fondo, dice Rajoy, "el problema del Gobierno no es su posición, sino su inacción". Y en el fondo, cada vez más, parece que el plan económico de Rajoy consiste en apartar a Zapatero del poder.

"Nosotros pensamos que el principal factor de desconfianza que hay en este momento en la economía española es el Gobierno", dice. "El principal, por encima de cualquier dato objetivo o económico".

Rajoy explica por qué votó en el Parlamento contra las medidas de austeridad del Gobierno no sólo por las medidas en sí, sino como parte de una estrategia para obligar a que se presente una moción de confianza. Las encuestas dan al Partido Popular suficiente apoyo para lograr la mayoría absoluta. Algunos analistas políticos dicen que una gran derrota del PSOE en las elecciones catalanas de otoño pondría en peligro los dos años que le quedan a Zapatero en su puesto.

Pero las cifras de la opinión pública también contienen trampas para la oposición. Los votantes han perdido la confianza en todos los líderes. Y, como prueba del ansia de soluciones que tienen, una gran mayoría insta a la oposición a apoyar las medidas económicas del Gobierno, aunque dichas medidas sean impopulares. Rajoy se ha negado.

Algunos teóricos alegan que, como ocurre en la economía, la política española sufre unos profundos desequilibrios estructurales, que van desde la promoción interna en los partidos hasta la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Las comunidades representan el 57% del gasto público. Más de la mitad de los casi tres millones de funcionarios públicos trabaja para los Gobiernos regionales, muchos en una red burocrática opaca (685 entidades autónomas solo en Cataluña). Los intereses políticos regionales desempeñan un papel crucial en las cajas de ahorros.

"La crisis deja al descubierto los límites de las relaciones entre el Gobierno central y las autonomías", dice Joan Subirats, catedrático de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona. "No hay entrenamiento para gobernar el país colectivamente". Menciona, como un ejemplo positivo, la cooperación entre las autoridades centrales y regionales en el asunto de la gripe porcina. La situación económica requiere algo más.

"Esta no es una crisis, es un cambio trascendental", dice. "El país no puede ser el mismo".

Es de destacar que el electorado no está tan polarizado como los políticos, dice Jordi Capo, politólogo y especialista en votaciones en la Universitat de Barcelona. Ese puede ser un factor que contribuye a la paz social pese a la escasez de recursos, la incertidumbre sobre el futuro y las frustraciones de la vida cotidiana. Quizá llegue el estallido social -algunos afirman que la tardanza del Gobierno en abordar la crisis puede hacer que el estallido sea todavía más explosivo-, pero, por ahora, cualquier agitación está soterrada.

Para un estadounidense, sobre todo, el caso de los inmigrantes parece especialmente revelador. Los inmigrantes constituyen más o menos el mismo porcentaje de la población en España y en Estados Unidos. En España, que ha tenido una mayor entrada de extranjeros que ningún otro país europeo salvo Irlanda, donde se calcula que el 20% de todos los recién nacidos son de madre extranjera y el desempleo entre los inmigrantes es al menos un 30% superior al de los españoles, no hay un Arizona, no hay indignación nacional sobre quién tiene derecho y quién no tiene derecho a estar.

"En España, a pesar de todo, no ha habido rechazo y hostilidad, no ha habido partidos xenófobos", dice Joaquín Arango. Ahora bien, añade, el país tendrá que reabsorber a un millón de inmigrantes desempleados en la economía, sobre todo porque la mayoría parece dispuesta a quedarse. Y, a largo plazo, debe resolver cómo seguir atrayendo a nuevos inmigrantes.

"Hay que reflexionar sobre el futuro. No va a ser igual", dice. "La economía tiene que cambiar y volverse más productiva. Va a necesitar un nuevo tipo de inmigrante".

El 29 de abril -13 días antes de que Zapatero anunciara el primer gran paquete de austeridad del Gobierno-, Raimundo García habló en una nave de su fábrica de Villacañas y anunció un último esfuerzo para salvar Puertas Visel. Trescientos empleados, incluido él, votaron a favor de reducirse el salario a un máximo de 900 euros al mes y prestar el resto a la empresa durante los próximos ocho años para que pueda pagar su deuda, además de ganar tiempo para elaborar una estrategia a largo plazo que le permita sobrevivir.

"En cierto modo, están votando conservar sus puestos de trabajo", dijo García más tarde. "Mi preocupación es que no se cierren las fábricas para no perder nuestro tejido industrial".

Phil Bennett fue director adjunto de ?The Washington Post? entre 2005 y 2009 y antes había sido redactor jefe de Internacional entre 1999 y 2005. Durante ese tiempo el diario ganó dos Pulitzer. Actualmente enseña Periodismo en la Universidad Duke, en Carolina del Norte. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.