No es justo recortar las pensiones
El Gobierno español se ha visto forzado a congelar las pensiones públicas, pese a la ley que le obligaba a mantener su poder adquisitivo. También ha anunciado un retraso por etapas de la edad de jubilación hasta los 67 años, en vez de los 65 de ahora. Además, el Ministerio de Trabajo está examinando la posibilidad de calcular el porcentaje de la pensión sobre lo ganado a lo largo de toda la vida laboral en vez de sobre los últimos años, lo que reduciría el monto de la pensión.
La explicación que se nos ha dado es que, tras la crisis sobrevenida en el mundo, resultaba necesario apuntalar la solvencia financiera de España y garantizar la continuidad de nuestro sistema de protección social. No debe olvidarse, sin embargo, que ese recorte, por muy necesario que pueda parecer, decepciona las legítimas expectativas de los trabajadores y jubilados españoles en materia de pensiones.
Supone el incumplimiento del cuasicontrato que los españoles creíamos haber suscrito con el Estado español, por el que recibiríamos una pensión de cuantía legalmente determinada, a cambio de pagar nuestras contribuciones a la Seguridad Social. El que el Gobierno se haya visto en la necesidad de tomar medidas tan arbitrarias y tan contrarias a su ideología, e incluso a sus intereses electorales, se debe a que la crisis ha puesto en evidencia los graves defectos del sistema de pensiones español. No podemos contentarnos con una explicación coyuntural. Los españoles nos merecemos algo mejor que unas pensiones públicas sólo sostenibles sobre la base de repetidos incumplimientos.
Defectos del sistema
Son al menos dos los defectos de nuestras pensiones públicas, defectos que compartimos con muchos de los países de Europa y Norteamérica: que es un sistema de reparto del impuesto y no de capitalización del ahorro, y que la edad de jubilación es obligatoria y está fijada por ley para todos los empleados.
Son al menos dos los defectos de nuestras pensiones públicas, defectos que compartimos con muchos de los países de Europa y Norteamérica: que es un sistema de reparto del impuesto y no de capitalización del ahorro, y que la edad de jubilación es obligatoria y está fijada por ley para todos los empleados.
Reparto en este caso significa que, en cada momento, las pensiones de los jubilados se financian con las aportaciones de los empleados. Para las empresas, que tienen que sufragar aproximadamente un 93% de la contribución mensual de sus empleados a la Seguridad Social, la financiación de las pensiones es en realidad un impuesto que encarece la mano de obra en aproximadamente un 30%.
Cuando hay mucho paro, las empresas trasladan ese impuesto a los trabajadores ofreciendo sueldos y salarios más bajos. Por lo que se refiere a los trabajadores, un sistema de reparto disuelve el lazo de conexión entre las contribuciones a lo largo de la vida laboral y los beneficios de la jubilación, sobre todo si de vez en cuando el Estado cambia arbitrariamente las condiciones del ‘seguro’.
Desde el punto de vista del país en su conjunto, un sistema de ahorro contribuye más eficazmente al crecimiento de un país. El sistema de reparto equivale a una emisión de deuda pública para pagar las pensiones, colocada a la fuerza a empresas y trabajadores. Mejor sería que los fondos recaudados se invirtieran en la economía productiva y que las pensiones se pagaran con el rédito de esas inversiones. En todo caso, el trabajador debería tener constancia en cada momento de lo que, con ayuda de la empresa, ha ‘ahorrado’ para su pensión. Fue José Piñera, el de la exitosa reforma de las pensiones de Chile en tiempos del Directorio militar, quien inventó la ‘libretita’ que todo trabajador tenía en su poder para saber lo acumulado hasta el momento para su pensión.
Implantación en España
Este modo de operar podría implantarse en España con motivo de la proyectada implantación de un sistema austriaco de seguro de paro, por el que los trabajadores que renunciaran a cobrar el subsidio podrían acumularlo en su cuenta de pensión. En todo caso, si hubiera libretita individual, los Gobiernos ya no podrían imponer recortes arbitrarios sin toparse con mucha resistencia, pues esos recortes serían vistos como un impuesto extraordinario sobre el capital acumulado por cada uno de los trabajadores. Además, con libretita, sería más difícil impedir que los trabajadores legaran o donaran el monto acumulado a su familiares; no como ahora, que al viudo no se le da más que calderilla.
Este modo de operar podría implantarse en España con motivo de la proyectada implantación de un sistema austriaco de seguro de paro, por el que los trabajadores que renunciaran a cobrar el subsidio podrían acumularlo en su cuenta de pensión. En todo caso, si hubiera libretita individual, los Gobiernos ya no podrían imponer recortes arbitrarios sin toparse con mucha resistencia, pues esos recortes serían vistos como un impuesto extraordinario sobre el capital acumulado por cada uno de los trabajadores. Además, con libretita, sería más difícil impedir que los trabajadores legaran o donaran el monto acumulado a su familiares; no como ahora, que al viudo no se le da más que calderilla.
A más a más, que diría un catalán en castellano, el sistema de reparto empuja a los Gobiernos a repartir demasiado cuando son muchos más los cotizantes que los jubilados. A medida que la población envejece se revela la imposibilidad de pagar una pensión equivalente al 80% del sueldo de los últimos años de trabajo, como ocurre en España. En los países de Europa del Norte la pensión no suele pasar de un 50% de los últimos sueldos.
Otra vez la solución propuesta por el Ministerio de Trabajo español es cambiar las cosas disimuladamente calculando la pensión sobre lo ganado a lo largo de toda la vida laboral; ello suele ser menos que si se calcula sobre los últimos cinco años, excepto si el trabajador se quedó sin trabajo al final. Como ven, es un gran lío este sistema de reparto.
Es cierto que la edad de jubilación obligatoria no impide que algunos trabajadores puedan retirarse antes de los 65 años con una pensión menor, pero eso es la excepción. La mayor parte de las prejubilaciones se deben a empresas que licencian a trabajadores de mayor edad y pueden hacerlo a costa del Estado. Esto ha llevado a que la edad efectiva media de retiro en España está en torno a los 62 años y medio, lo que otra vez pone en peligro la solvencia de la Seguridad Social y la productividad del país.
También la edad de retiro debería ser fruto del libre acuerdo de las partes. Quien quisiera, y pudiera, seguir trabajando después de los 65, o los 67 años, debería poder acumular una pensión mayor para cuando se retirara, o donar lo acumulado a los supervivientes. Con una edad de jubilación obligatoria y demasiado temprana, ocurre el absurdo de que el envejecimiento de la población se convierte en una maldición. A quienes se quejan de que vivimos demasiados años les invitaría a aplicarse la solución alternativa.
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