los Zapatero, Rajoy se garantizan eventuales cargos para el día que se despidan de la vida política activa. Algunos de los presidentes y miembros de las cajas ya son antiguos ministros y parlamentarios que dejaron su silla y su escaño. Uno de los más relevantes es el máximo responsable de Caja Madrid, Rodrigo Rato, que fue vicepresidente económico durante los gobiernos de Aznar. A finales del año pasado, la Comunidad de Madrid, con el apoyo de la oposición y los sindicatos, le confió la tarea de gestionar la entidad, en sustitución de Miguel Blesa.
No obstante, las comunidades (que mantendrán las competencias en la tutela de las cajas y los derechos de veto en fusiones) y los ayuntamientos contarán con un menor peso en las entidades. La reforma legal rebaja su representatividad del 50 por ciento actual a un 40 por ciento.
Periodo de adaptación
La adaptación a la nueva normativa podrá extenderse en los próximos años. Es decir, que ningún político en activo podrá sentarse en los órganos de las cajas a mediados de 2013. Sin embargo, si en el transcurso de estos ejercicios se produce una renovación de cargos que afecte a los representantes de las comunidades y los ayuntamientos, se tendrán que aplicar entonces los criterios de la reforma. Así lo explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, tras la aprobación del real decreto que modifica la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) por parte del Consejo de Ministros.
La reforma se queda corta en estos aspectos para la patronal de cajas de ahorros, que viene pidiendo desde hace tiempo una reducción del peso político al 25 por ciento.
La pérdida de representación será repartida entre el resto de instituciones con derechos en las cajas, como los sindicatos, las asociaciones culturales y los impositores.
Uno de los objetivos principales del recorte de la clase política es una mayor profesionalización de las entidades y que su modelo de gestión se acerque más al de los bancos. Por ello, el Gobierno, que ha pactado el decreto con el PP, ha reforzado la categoría profesional de la mitad del consejo de administración de estas entidades.
La nueva ley obligará a que, al menos, el 50 por ciento de los miembros del máximo órgano rector de las cajas acredite una carrera profesional y demuestre una experiencia adicional para ostentar el cargo. Principalmente, estos criterios se tendrán en cuenta para los consejeros que además sean miembros ejecutivos de estas instituciones financieras.
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