Alicante prohíbe la prostitución

Alicante prohíbe la prostitución y la mendicidad y prevé multas de 3.000 euros .

Será una agravante «ofrecer o solicitar servicios sexuales retribuidos» junto a colegios

Disminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl Ayuntamiento de Alicante, que está gobernado por el PP, aprobó ayer con carácter de urgencia una nueva ordenanza que prohíbe el ejercicio de la prostitución y la mendicidad en la vía pública, con sanciones que oscilan entre 750 y 3.000 euros. La normativa contempla también multar a los clientes de las prostitutas, tal como se recoge en su artículo 7: «Se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en espacio público cuando estas prácticas impidan o perturben la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público por otras personas con derecho a su utilización».

La ordenanza también contempla como agravante ejercer la prostitución o solicitar los servicios de una prostituta «cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de distancia de centros docentes, educativos o de formación en los que se imparten enseñanzas del régimen general del sistema educativo». Igualmente, recoge que mantener relaciones sexuales mediante retribución en un espacio público tendrá una «sanción muy grave», con multas que van desde los 1.501 hasta los 3.000 euros.

El propósito, según el concejal de Seguridad, Tráfico y Transportes del Consistorio alicantino, Juan Seva, no es recaudar sino disuadir: «Colaboramos con Acción Social para elaborar un programa de reeducación. Sólo se aplicará la sanción económica en caso de reincidencia», explicó.

La propuesta, que tendrá que ser refrendada por el Pleno, copia, en realidad, la ordenanza de 2008 de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que prohíbe la prostitución en la calle. Se trata de la misma normativa que la ciudad de Valencia intentó aplicar, sin éxito, hace dos años. Entonces, el Consistorio consideró que existían importantes dificultades de aplicación legal.

En el caso de Alicante, en cambio, la Concejalía de Seguridad pidió a la Audiencia Provincial un informe sobre la viabilidad jurídica de la medida. La falta de respuesta se ha interpretado como un silencio positivo.

Con el nuevo reglamento, el Ayuntamiento pretende dar una respuesta directa a las asociaciones vecinales y de comerciantes, muy críticas con la proliferación de la prostitución por las calles del centro de la ciudad y con la gestión de la Administración local en este problema. El presidente del colectivo Comerciantes por Alicante, Pedro de Gea, celebró ayer la puesta en marcha de la normativa, pero advirtió de que «habrá que vigilar su aplicación».

Según De Gea, esta ordenanza «puede salvar miles de puestos de trabajo, los que dependen de la imagen de Alicante». En su opinión, «no es muy normal que en algunas zonas de la ciudad tengas que taparle los ojos a tu hijo si vas a partir de las ocho de la tarde».

Concretamente, explicó que, para algunos turistas, sería suficiente visitar algunas calles del centro «para decidir no volver», algo que los comercios no pueden permitir.

Además, para el presidente de los comerciantes la ley también tiene un lado social. Con ella, la Administración ayuda a «personas necesitadas» puesto que «nadie quiere ser prostituta voluntariamente», aseguró.