EE UU investiga a Google por posible manipulación en las búsquedas
Google vuelve a ser investigada judicialmente. Esta vez, la Fiscalía de Texas trata de determinar si el buscador ha sido imparcial a la hora de presentar los resultados de las búsquedas. Por otro lado, el gigante de internet ha acordado pagar 8,5 millones de dólares (6,5 millones de euros) para zanjar otras demandas contra su servicio de red social Buzz.
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M. J. - Madrid - 07/09/2010
Cuando aún no se ha resuelto el caso Street View, Google se enfrenta a nuevos requerimientos judiciales. El fiscal general de Texas investiga ahora al buscador para determinar si ha adulterado los resultados en sus búsquedas. La investigación se ha abierto a raíz de las quejas de varias empresas que aseguran que su nombre sale intencionadamente por debajo de lo que debería cuando se hace una búsqueda mediante el buscador de Google. Entre las firmas se encuentran Foundem y myTriggers, ambas webs especializadas en la comparación de precios, y Tradecomet, creadora de un buscador especializado en empresas.
El viceconsejero legal de Google, Don Harrison, ha señalado en un blog corporativo que las quejas no están fundadas y sugiere que responden a otros intereses empresariales. Veladamente, Google acusa a Microsoft de estar detrás de la demanda, al revelar que la web británica Foundem está respaldada por ICOM, una organización financiada por el gigante del software. Igualmente, Harrison recuerda que myTriggers está "representado por los abogados anticompetencia de Microsoft".
El directivo de Google ha añadido que su compañía está dispuesta a "responder a las preguntas de la fiscalía" porque están seguros de operar en función de los intereses de los usuarios. Sin embargo, el consejero delegado de TradeComet, Dan Savage, ha declarado a Reuters que Google está tratando de "distraer la atención de sus propios problemas de competencia, señalando a otras empresas y sus abogados".
Acuerdo extrajudicial
Por otro lado, Google ha acordado el pago de 6,5 millones de euros para dar por zanjadas las demandas contra Buzz, la red social que lanzó la compañía el pasado febrero, acusada de violar la privacidad de sus usuarios. Según la BBC, parte de ese dinero irá destinado al pago de honorarios legales, otra parte a los siete usuarios de Gmail que demandaron a Google por este servicio (al exponer los contactos de las cuentas de Gmail), y otra se repartirá entre organizaciones defensoras de la privacidad online.
En esta línea, el consejero general asociado de Google, Mike Yang, ha anunciado un cambio en las políticas de privacidad de los productos de la compañía, que entrará en vigor el 3 de octubre. Éste afectará sólo a la presentación y simplificación de las políticas y no a las prácticas de privacidad de la empresa. El objetivo, explicó Yang, es ser "más transparentes y comprensibles". Al parecer, Google pretende unificar las políticas de privacidad a través de distintos productos de la firma. "Ya que se comparten los contactos en los servicios Gmail, Calendar, Talk y Google Docs, tiene sentido que se rijan por la misma política de privacidad", señalan. Pero este argumento, no lo comparte todo el mundo, ya que ello supone tratar los datos del usuario como parte de una plataforma integrada. "Esto impide que se revele información de forma selectiva para un servicio en particular, como se podía hacer hasta ahora, critica el director ejecutivo del Electronic Privacy Information Center, Marc Rotenberg.
Un juez obliga a la AEPD a dar datos
Un juez obliga al director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, a aportar al juzgado de Instrucción número 45 de Madrid toda la documentación e informaciones que tengan sobre las grabaciones de redes wifi por parte de Google mediante vehículos de su servicio Street View en España. Algo que había demandado la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica). El mismo juez solicita, además, que, a partir de esta resolución, el director de la AEPD debe informar a dicho juzgado de "cuantos hechos relevantes vaya conociendo en relación a los presuntos delitos denunciados", entre otros, por el presidente de la citada asociación, Miguel Ángel Gallardo. "Entendemos que una vez aportada esta información, se podrá preparar mejor el interrogatorio al representante legal de Google Spain", explicó ayer en una nota el portavoz y presidente de Apedanica. El caso Street View sigue, pues, su curso también en los juzgados.
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