La política económica de reducir el déficit a través del gasto y no de los ingresos está afectando a casi todos los rubros de las promesas electorales del Gobierno, por ejemplo, al gasto farmacéutico para el cual Sanidad ha comenzado a hablar del Copago cuando ni siquiera estaba contemplado en el programa de ajuste hoy debatido. Las medidas de ahorro basadas en el copago farmacéutico conseguirían 600.000 millones con un pago de 5 euros por visita médica y de 10 euros por atención en urgencias de cualquier hospital.
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Y, por último, están los políticos que han establecido el “copago”. Para intentarlo en España hace falta que coincida la voluntad y el calendario político. El copago dice que nada cambiará si no se limita la demanda, puesto que el gasto en la “farmacia gratuita para el ciudadano” crece rápidamente por tres razones independientes de las intenciones de los gestores. Unas son estructurales: la inercia del sistema, el envejecimiento de la población y la extensión del aseguramiento público. Otras razones son accidentales: siempre que se anuncia una reforma que afecta a sus ingresos, todos los intermediarios “adelantan” la facturación de recetas. Y las últimas son de gestión: el medicamento suple la insuficiencia en la atención personalizada de la asistencia sanitaria; la estrategia de las farmacéuticas se basa en sustituir productos por otros más caros a los que se han incorporado ligeras y prescindibles modificaciones de su calidad y en impedir la venta de unidosis.
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