el valor del déficit

El sano valor del déficit
JORDI SEVILLA
EL MUNDO, MERCADOS, 4.07.10


Reducir los déficit públicos desde la altura en que los ha colocado la
crisis es una necesidad. Hacerlo a los ritmos y con los plazos
establecidos por la Unión Europea de manera uniforme para todos sus
miembros, es un dogmatismo temerario. España, arrastrando cuatro
millones de parados, con una perspectiva de crecimiento negativo este
año y no muy superior al 1% el próximo, debería sentirse más cómoda
con un esfuerzo como el propuesto por el G-20: reducirlo a la mitad para
2013, situándolo entonces en el 5,5% del PIB, para alcanzar la cifra
mágica del 3% de Maastricht dos años más tarde.
Cuando se dice que los recortes aprobados de gasto público tienen un
impacto negativo sobre el crecimiento se está reconociendo que las
medidas selectivas de expansión del gasto, puestas en marcha durante la
crisis, por ejemplo nuestro Plan E, sí fueron efectivas para mantener la
actividad económica. Entonces, cobra todo su sentido la reiterada
observación del FMI de que los países no deben tener prisas para retirar
esos estímulos. El error europeo es ir en contra de esta sensata
recomendación que constata, entre otras cosas, que no hay nada que
reduzca el déficit público tanto como el crecimiento económico.
El equilibrio presupuestario como objetivo puede no ser óptimo, porque
no todo el déficit es igual. Existe el coyuntural, fruto de la evolución del
ciclo, y el estructural, consecuencia de unos compromisos estables de
gasto no compensados por ingresos igualmente estables. Como existe,
también, el déficit bueno, atribuible a gastos de inversión que no pueden
pagarse al contado (como hacen las familias cuando compran su vivienda
o las empresas cuando invierten), y el déficit malo, fruto de gastos y
transferencias corrientes. Esta información fundamental la perdemos
cuando metemos todo en el mismo saco, y las políticas de reducción del
déficit pueden ser negativas para el país si se aplican desde ese totum
revolutum.
De entre lo último que he leído sobre el déficit español actual quiero
destacar un interesante análisis de Miguel Ángel García: El sistema fiscal
español ante la crisis: el pesado lastre de las decisiones adoptadas
durante el ciclo expansivo (Gaceta Sindical de CCOO). Según este
experto, algo menos de la mitad del déficit español se explica por caída
de ingresos públicos y el resto (7,3 puntos porcentuales del PIB) por la
expansión del gasto, una parte del cual no vinculado a la crisis.
Además, explica, el déficit coyuntural representa algo más de la mitad,
mientras que el elevado resto sería estructural debido a decisiones de
bajadas de impuestos e introducción discrecional de gastos adoptadas
durante la fase expansiva. La consolidación presupuestaria, por tanto,
incluso en los plazos más relajados, no vendrá sólo de la mano de la
recuperación, sino que exigirá reformas importantes tanto por el lado de
los ingresos como por el de los gastos. Reformas, no sólo recortes,
concentradas en la Administración General del Estado que representa la
parte del león del problema.
Con una perspectiva temporal que abarque los próximos cinco o 10 años
vamos a encontrarnos, por tanto, con las siguientes tendencias
reformistas. Por el lado de los ingresos públicos, y aún aceptando que se
mantenga la elevada elasticidad de los tributos frente a la renta, bajar
impuestos no será ni de izquierdas, ni de derechas, sino simplemente
imposible. Ello situará el debate en sus términos clásicos: quiénes pagan,
cuánto y de dónde. No creo que sea sostenible un esquema fiscal donde
no contribuyen todos los que deben ni los que contribuyen lo hacen en
función de su capacidad global de pago, tal y como exige la Constitución.
Sin entrar aquí en detalles, deberemos esperar una mayor tributación de
las rentas no ganadas mediante el esfuerzo personal (plusvalías,
patrimonio no productivo, herencias), una mayor carga fiscal sobre los
recursos escasos (carbono) o perjudiciales (contaminación, emisiones de
CO2), y sobre el consumo. Junto a ello, deberemos recuperar la política
de precios públicos para que los usuarios de determinados servicios
públicos contribuyan más a su financiación mediante peajes, tasas o
copagos. En esa perspectiva, la tributación sobre el factor trabajo,
especialmente las cotizaciones sociales, serán los únicos impuestos a la
baja.
Por el lado del gasto las opciones son dos: recortes indiscriminados,
lineales y proporcionales, presupuesto tras presupuesto, hasta alcanzar
los compromisos de déficit o reformar de una vez la estructura del gasto
mediante dos instrumentos claves: presupuestos base cero, es decir,
necesidad de justificar periódicamente la totalidad de cada partida
presupuestaria y no sólo su incremento o decremento anual, y, sobre
todo, evaluar de manera independiente las principales políticas públicas
para asegurarnos que lo gastamos bien, de manera eficaz y útil para los
objetivos perseguidos.
Así, aquello que sea válido podrá ser recortado o no, mientras que
aquello que se demuestre poco útil deberá ser suprimido en su totalidad.
Por otra parte, habrá que abrir las perspectivas de una colaboración
público-privada en la prestación de algunos servicios públicos, con mayor
alcance y más amplio espectro que lo practicado hasta la fecha.
El literato Echegaray, ministro de Hacienda, señaló en 1905 que la
salvación para el país estaba en «el santo temor al déficit». Poco
después, el dictador Primo de Rivera propuso que «la palabra déficit
quede autoritariamente suprimida del léxico español». Sus epígonos hoy,
olvidando que ambos generaron inmensos déficit contradiciendo sus
declaraciones, se basan en una supuesta exigencia de los prestamistas
que habrían perdido confianza en España.
Si es así, sería otra muestra de la ineficiencia de unos mercados
financieros que no son capaces de diferenciar entre datos y rumores.
Creo, más bien, que los mercados quieren aprovecharse de una supuesta
debilidad española para obtener más dinero a cambio de sus préstamos,
mientras que los emisores persiguen todo lo contrario. Una estrategia de
consolidación presupuestaria posible, creíble y sostenible como la aquí
esbozada, fortalecería nuestra posición de solvencia reforzando las
posibilidades de encontrar financiación en los mercados para nuestro
déficit público en sensata reducción y no en atropellado recorte