España sigue siendo un coladero

El PSOE ha mostrado hasta hace poco tener una idea poco lógica sobre ese problema. Menos mal que evolucionó desde aquellos “papeles para todos” hasta la opinión de Maragall “la inmigración incontrolada perjudica sobre todo la calidad de vida de las clases populares”. Hay un problema de xenofobia latente, “nos están quitando los empleos”, que puede convertirse en real en esta recesión económica. Y hay que ser tonto para dejar llegar aquí a los inmigrantes expulsados de Italia o Bélgica. Lo importante es que la inmigración actuó como un shock “externo” que impulsó el crecimiento económico. Si no hubiera habido inmigración el crecimiento se hubiera estrangulado por incremento de los costes salariales. Ese beneficio ya no debe ser conservado y protegido.

España sigue siendo un coladero (el Estrecho, los aeropuertos, las autopistas) donde los intermediarios (que llaman “mafia”) ganan honestamente su dinero. La inmigración vino atraída por el exclusivo reclamo de la existencia de trabajo. En España hubo empleo disponible que atrajo deprisa la inmigración. El “efecto llamada” vino provocado por la impunidad de la economía sumergida. Además, el recetario de todos los anteriores Gobiernos basado en medidas policiales de control de identidad, fue otra mentira. Como la inmigración es un asunto puramente laboral (no se produciría sino hubiese una oferta de empleo) y salarial (los parados españoles nunca quisieron hacer trabajados por salarios “bajos”), lo que hubo que hacer es traspasar su control del ministerio del Interior al de Trabajo. Allí donde la Inspección de Trabajo vigila de verdad, los empresarios no contratan a los “sin papeles” (en Murcia sí, en Lérida no, en Almería a medias).

Primero debería resolverse definitivamente el “problema” de la bolsa de inmigrantes “sin papeles” que ya están aquí. Esos cuyo número es totalmente desconocido y será desvelado por el padrón para asombro del ministro del Interior. Para que desaparezcan esos “sin papeles” hay que vaciar previamente la oferta de trabajo con el sistema de “cupos” legales. Luego hay que incrementar las dificultades burocráticas para poder contratar a un inmigrante. Y luego, detectar y penalizar con eficacia a los empresarios que contratan “sin papeles”. Y poder extraditar legalmente a todos los inmigrantes “ilegales” descubiertos. Mientras e España había trabajo los inmigrantes podían cotizar y pagar impuestos, pero ahora que no hay trabajo, sólo pueden trabajar en negro utilizando en provecho propio el gasto público en Educación y Sanidad. Es absurdo continuar este proceso.

Si el nuevo ministro de Trabajo no consigue de Rubalcaba un endurecimiento del control de los inmigrantes sin papeles, la ministra de Sanidad y el ministro de Educación, tendrían que dimitir por quiebra técnica de sus departamentos o exigir a la ministra Salgado más gasto público vs el copago, un aumento de las tasas universitarias o la desaparición de las becas.