la corrupción del PP

Una falta absoluta de vergüenza y un insulto a la ciudadanía

Marco Schwartz

Mariano Rajoy lleva seis meses sin comparecer ante la prensa en la sede nacional del PP. Ayer lo hizo para hablar monográficamente sobre el caso Gürtel, y el resultado fue una exhibición de falta de vergüenza y un insulto a los ciudadanos, incluyendo a los 700.000 militantes de su propio partido. El líder conservador justificó el sacrificio del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, con el argumento de que el "nivel de exigencia" de un político de su rango debe ser elevado, pero no aplicó la misma doctrina al presidente de la Comunidad y jefe de Costa, Francisco Camps, que decía querer "un huevo" a El Bigotes y lo llamaba "amiguito del alma". Por el contrario, en una delirante huida hacia adelante, Rajoy ató su destino político al de Camps, a quien expresó su confianza hasta el punto de garantizarle la continuidad como líder de los populares valencianos y postularlo como candidato a las próximas elecciones autonómicas.

Tras presentar la red Gürtel como la de unos chorizos que se aprovechaban de contactos personales, y no institucionales, en el PP, Rajoy llegó al apogeo del cinismo al anunciar un "código de buenas prácticas" para "reforzar la transparencia" de la gestión del partido.

En todo este muladar de corrupción que salpica a varias comunidades gobernadas por el PP y al propio ex tesorero nacional Luis Bárcenas, el único asomo de dignidad lo ha aportado, paradójicamente, el inmolado Costa, que hace unos días afirmó sentir "vergüenza" por las informaciones que aparecían sobre sus andanzas. Vergüenza: es lo que hoy falta en las altas instancias del PP.

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Un "plus de exigencia" diferente

Las actuaciones de Francisco Camps y Ricardo Costa no han sido valoradas de la misma forma

FERNANDO VARELA

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, trató ayer de distinguir entre la situación de Ricardo Costa, al que acaba de destituir como secretario general y portavoz parlamentario en la Comunidad Valenciana, y la del president de la Generalitat, Francisco Camps.

Lo hizo apelando al "plus de exigencia" que, según explicó, debe pedirse al número dos del partido, "sin perjuicio de su trabajo y honradez personal". En cambio, para Rajoy, dicho plus no debe ser aplicado a Camps, quien por tanto no es "merecedor de ser cesado".

La relación con 'El Bigotes'

El principal vínculo del jefe valenciano de la trama, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', con el PP valenciano y con la Generalitat no es otro que Camps. En una conversación grabada por la Policía el pasado mes de enero, quedó constancia de su estrecha relación. En ella, el president se refería a Álvaro Pérez como "amiguito del alma" y declaraba quererle "un huevo", a lo que 'El Bigotes' respondía con una declaración de fidelidad eterna.

En la parte del sumario hecha pública, hay numerosas referencias al papel que Costa, hasta el martes número dos de los conservadores valencianos, jugaba para la trama corrupta. Él era el que negociaba con 'El Bigotes' cómo resolver la deuda pendiente que el PP tenía con Orange Market. En una ocasión, llegó a pedirle ayuda para que, echando mano de su influencia, Camps le nombrara consejero de la Generalitat.

La responsabilidad sobre la financiación ilegal

Las conclusiones del informe policial sobre la financiación ilegal del PP valenciano, ya en manos del juez Pedreira, ponen de manifiesto la existencia de "una vinculación directa con responsables del PPCV y de los órganos de Gobierno de la Comunidad Valenciana", cuyo máximo responsable, en ambos casos, es el president de la Generalitat y del partido, Francisco Camps.

Según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, Ricardo Costa, en su condición de secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, era "el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero" que llegaban a la formación conservadora, muchos de ellos a través de donaciones de empresarios con contratos en vigor con la Generalitat.

La competencia sobre los contratos con Orange Market

Orange Market, como acredita la investigación judicial, hizo de la Generalitat Valenciana, presidida por Francisco Camps, su principal cliente, hasta el punto de que las adjudicaciones recibidas de consejerías y entes públicos bajo su responsabilidad entre los años 2005 y 2009 superaron los siete millones de euros. Un éxito para una empresa con apenas cinco empleados.

Costa, como él mismo repitió el martes, no tiene responsabilidad directa en la Generalitat, la administración que contrataba con Orange Market, porque su único puesto, además de secretario general del PP, era el de diputado. No obstante, a la Policía le consta que llegó a reunirse con 'El Bigotes' para hablar de lo que la Generalitat debía a las empresas de la 'red Gürtel'.

Los trajes a medida

El Tribunal Superior de Valencia aceptó que, de los hechos investigados hasta ahora, se desprende que los trajes, ropa y calzado que el president dijo haber pagado en Milano y Forever Young fueron abonados por Orange Market. El juez José Flors sugirió incluso que Camps mintió cuando declaró haber pagado por algo que era en realidad un obsequio de la 'trama Gurtel'.

La causa judicial abierta en relación con los trajes que Orange Market pagó a Francisco Camps, archivada por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Valencia y ahora pendiente de recurso en el Tribunal Supremo, es la misma que se siguió contra Costa, con la diferencia de que los cargos contra este último fueron archivados por unanimidad porque no era miembro de la Generalitat.


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Rajoy trae manzanas

El líder del PP rompe siete meses de silencio para esquivar preguntas y negar evidencias

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, compareció ayer ante la prensa por primera vez desde el pasado mes de abril. A efectos de lo que cabría esperar del líder de un partido investigado por un grave caso de corrupción, y con una decena de dirigentes imputados, entre ellos el tesorero nacional, poca diferencia hay entre que compareciera como lo hizo o siguiera guardando su ominoso silencio. Y ello sin contar que cada día que pasa, la bola de nieve crece imparable: el tinglado de Correa se embolsó un millón de euros en comisiones ilegales con la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006, según publica hoy este periódico. El Gobierno de Camps había negado hasta ahora cualquier relación de la trama con esa visita.

Tras siete meses rehuyendo a la prensa, con desprecio de los usos democráticos, Rajoy sólo tomó la palabra para librarse al ejercicio de negar hechos públicos ocurridos apenas unas horas antes y responder con incongruencia a las preguntas que se le hicieron por el socorrido método de "manzanas traigo". Desmentir las contradicciones entre las direcciones nacional y regional del partido en Valencia tras la reunión del comité ejecutivo del pasado martes no es un ingenuo intento de salvar las apariencias; es mentir a conciencia.

Los populares sueñan aún con atajar la crisis con inverosímiles golpes de efecto, y no con la asunción de responsabilidades. Si Costa nada tiene que ver con la trama, según dijo Rajoy pasando por encima del sumario, cometió una injusticia y una arbitrariedad, además de ceder a presiones que deberían ser explicadas. Y si lo tiene, las razones para su cese son de plena aplicación a Camps, quien, sin embargo, volvió a recibir su apoyo incondicional. En cualquier caso, con o sin el apoyo de Rajoy, los valencianos merecen un presidente que se sostenga por sus propias acciones y méritos políticos, no por las necesidades de la estrategia con que la dirección del PP trata de eludir responsabilidades, convirtiéndolo en una marioneta.

Con el cese de Costa, la dirección nacional del PP da por terminadas las medidas que piensa adoptar en relación con la red corrupta. No pasa de ser una extemporánea declaración de intenciones, si no una baladronada. En estos momentos, faltan por conocer decenas de miles de folios del sumario. Pero los ya conocidos revelan que la trama de corrupción se extiende por otras comunidades además de la valenciana, incluyendo a Madrid, Castilla-León y Galicia. Los tentáculos de la trama alcanzaron, por otra parte, los aledaños de La Moncloa y, al menos hasta 2005, la sede de la calle de Génova. Y hasta al Papa.

El anuncio de que el PP se dotará de un nuevo código de conducta sería una buena noticia si se hubiera aplicado rigurosamente el vigente, con el que algunos de los dirigentes populares no estarían ya en sus puestos. No es un problema de códigos lo que afecta al PP, sino de voluntad política para conservar la dignidad de las instituciones y de quienes las dirigen.