el peligro de retrasar más la reforma laboral

Según cuenta el periodista Claudi Pérez en la pág 23 de EL PAÍS, "el BCE y BdE avisan del peligro de retrasar más la reforma laboral". Ya saben que el recetario de estas autoridades dice que para mantener el PEC y evitar la salida del euro hay que crear empleo, que a su vez genera impuestos, demanda de los consumidores, elimina morosidad bancaria y amplía las expectativas positivas de los agentes económicos. Porque si, como señalaba EL PAÍS (página 24) del pasado 4 de noviembre, y según la CE, "el paro está abocado a convertirse en un fenómeno de larga duración: la tasa de desempleo española pasará del 17,9% en 2009 al 20% en 2010. Y seguirá subiendo en 2011 hasta promediar una tasa del 20,5%", entonces es evidente que la única manera de romper el nudo gordiano es revisar las restricciones del mercado laboral. Parece inevitable el consenso social en esa medida aunque nadie quiere aplicarla por si mismo; ni los sindicatos ni la patronal ni Zapatero, ni Rajoy querrían tener la responsabilidad de aprobarla. Todo el mundo querría que el desgaste correspondiente fuera a cargo del otro. El desorden es tal, que Chaves habla de "modernización de nuestras relaciones laborales que no pueden convertirse en un tabú y para la cual hay que evitar discutir de terminologías". Además la periodista Ester Esteban titulaba una entrevista, publicada el pasado 9 de noviembre en EL MUNDO pág 14, al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho: "Afrontaremos una reforma laboral en el futuro, para adaptar el mercado a nuevas demandas".

Resulta difícil entender las razones que han llevado al Gobierno a proponer una reunión pública sobre la reforma del mercado de trabajo dos días antes de las navidades. Es de esperar que nadie cobre dietas por participar a una reunión tan perfectamente inútil. Cada dos o tres meses vuelve la práctica del Gobierno, CEOE, y sindicatos para utilizar los "globos sonda" para saber por donde moverse. La política es saber escenificar los acuerdos y las escenas de cama y también los desacuerdos y las rupturas temporales. Ahora ha tocado al ministro de Trabajo pronunciarse públicamente acerca de dos asuntos fundamentales para la reforma del mercado de trabajo: dificultar la percepción del seguro de desempleo y abaratar el coste del despido.

En estos momentos todos los actores del consenso social están dedicados a "jugar" entre sí, lanzando ideas al contrario a través de la prensa. Gobierno y sindicatos están desde hace meses leyendo el mismo manual de "como resolver un conflicto/la negociación en siete lecciones". Todo el mundo sabe lo que cada cual quiere y cuando lo quiere. Es la aplicación del "dilema del prisionero" a la paz social. Por eso la patronal, que actúa como outsider, quiere aprovechar la ocasión para lograr reducir las cargas sociales al empleo.

Lo que importa es saber qué hacer con el mercado de trabajo para que no actúe como una restricción al crecimiento económico. Todo el mundo sabe que lo mejor en estos momentos es aumentar la flexibilidad en la organización de la producción y el gasto en formación profesional para generar mano de obra cualificada. Si se quiere conseguir ya un adicional abaratamiento del despido como una condición indispensable para crear empleo, es mejor dejarlo para otra ocasión ya que el ciclo económico recesivo evidencia los costes diferidos en los que se incurre con la contratación indefinida. Porque hay una evidencia empírica acumulada en España desde hace muchos años de que la protección al empleo basada en elevados costes de despido amplía la reducción de trabajo en las fases recesivas de la economía.

Reducir el coste del despido quizás sirviera para hacer aumentar las contrataciones indefinidas y por lo tanto hacer disminuir la tasa de temporalidad, pero produciría seguro una demanda de mayores salarios, lo que precisamente lo que no hay que hacer ahora bajo ninguna circunstancia.

Si los agentes sociales pudieran elaborar un diagnóstico del la enfermedad del mercado de trabajo distinta de la que proponen el BCE y el BdE, quizás podían aprovechar la lectura que Guillermo de la Dehesa publicó en la pág 20 del suplemento NEGOCIOS de EL PAÍS del pasado 18 de octubre: "Problemas del mercado laboral español"





TRIBUNA: Laboratorio de ideas GUILLERO DE LA DEHESA
Problemas del mercado laboral español

GUILLERO DE LA DEHESA

España ha ido convergiendo hacia la media de la Unión Europea en casi todas sus magnitudes económicas menos en sus tasas de desempleo. La evidencia muestra que en cada una de las recesiones de los últimos 35 años España ha duplicado la tasa de desempleo media de Europa, tanto en la dictadura, durante la recesión de 1973-1974, como en la democracia, en las de 1981, 1993, 1994 y la actual. Además, este problema ha sido asimétrico, ya que España sólo ha logrado igualar la tasa media de desempleo europea creciendo por encima de su potencial y generando fuertes desequilibrios, como en 2007.

En general, el desempleo es el resultado de caídas de la actividad económica en las fases recesivas del ciclo. Ahora bien, cuando un país duplica las tasas de desempleo de otros ante una recesión similar, como ha ocurrido recurrentemente en España, muestra que su mercado de trabajo sufre serios problemas institucionales y estructurales en su funcionamiento que consisten en la combinación de rigidez salarial y mercado de trabajo dual.

Primero, el sistema de negociación colectiva actual hace que los salarios no respondan adecuadamente a las variaciones de la productividad, ni a las del empleo, ni a la situación económica de cada empresa, sino sólo a la inflación, pero además, con retraso y de forma asimétrica, es decir, responden a sus subidas, pero no a sus bajadas. Esto hace que los salarios tiendan a crecer por encima de la productividad y de la inflación y que algunas empresas tengan que cerrar, al estar obligadas a acogerse a los convenios provinciales o sectoriales que predominan sobre los de empresa.

Segundo, la brecha de costes de despido entre los trabajadores indefinidos y los temporales es enorme, ya que son muy bajos para los segundos, que son jóvenes de más reciente incorporación al mercado de trabajo, con cualificación elevada, a los que se despide fácilmente, y son elevados para la mayoría de los trabajadores más antiguos, con contratos indefinidos, que en promedio tienen menor cualificación que los anteriores y a los que se despide con dificultad o no se les despide. Es decir, existe un mercado laboral dual en el que, cuando llega una recesión, se despide mucho a los primeros y poco a los segundos, independientemente de sus conocimientos, cualificación, esfuerzo y desempeño. Esto hace que la rotación de los temporales sea enorme y la tasa de desempleo duplique la de otros países de la UE.

Además, este mercado dual aumenta la desigualdad, permitiendo que los primeros, con contratos indefinidos, más seguros en su empleo y con un nivel de afiliación sindical elevado, presionen fuertemente para aumentar sus salarios, mientras que los segundos, con contratos temporales e inseguros en su empleo y con poca afiliación, salen perdiendo, ya que las empresas, si no pueden ajustar los salarios de los primeros, pueden acabar despidiéndolos.

Ambos problemas estructurales terminan resultando en una mayor inflación, una menor productividad, una menor movilidad laboral y un mayor desempleo que en los demás países de la UE. Paradójicamente, modificar esta situación no requiere gastar más recursos públicos o privados, sino que basta con ponerse de acuerdo en hacer algunos cambios legislativos y administrativos prudentes y razonables en los que pueda alcanzarse consenso.

El nivel de desempleo resultante del actual marco laboral es mayor que en otros países por cuatro razones: primera, porque al ser más fácil despedir a los jóvenes (y especialmente a aquellas mujeres que han acudido más tarde, pero masivamente, al mercado de trabajo, por estar mucho más cualificadas que antes de 1984), éstos son los primeros en quedarse sin empleo, pues el mercado se vacía y se ajusta primero a su costa. Segunda, porque la actual negociación colectiva hace que los salarios respondan muy poco a la situación económica de las empresas, a las variaciones de la actividad económica y al nivel de desempleo. Es decir, al no ceder los salarios (precios), el mercado termina ajustándose vía cantidades, reduciendo los empleos. Tercera, porque la contratación a tiempo parcial, que ha sido la base fundamental de la creación de empleo en Europa, es muy baja en España, ya que, al ser mayoritariamente indefinida, es desplazada por la contratación temporal, más flexible. Cuarta, porque las políticas activas de empleo de formación y reciclaje son un porcentaje muy bajo del total que está dominado por las pasivas, y porque la intermediación pública de las colocaciones es sólo en un 10% del total.

La productividad resultante de este marco es menor que en otros países por tres razones: primera, porque los nuevos trabajadores temporales que son contratados suelen tener una cualificación superior a la del puesto de trabajo que se les ofrece, desperdiciándose su mayor nivel de cualificación. Segunda, porque las empresas, al no saber si van a necesitar despedir a estos trabajadores temporales más adelante, no les dan formación suficiente dentro de la compañía, condición necesaria para aumentar su productividad. Tercera, porque ante su permanente sobrecualificación e incertidumbre sobre su futuro en la empresa, los trabajadores temporales tienden lógicamente a mostrar un menor interés y esfuerzo en su trabajo y un mayor absentismo que si fuesen indefinidos.

La tasa de inflación salarial resulta ser más elevada que en otros países por tres razones: primera, porque el sistema actual de negociación colectiva y las cláusulas de salvaguardia de los convenios hacen que los salarios tiendan a crecer más que la tasa de inflación, ya que suelen ajustarse a sus subidas, pero no a sus bajadas. Segunda, porque los salarios se ajustan con retraso a la inflación por la firma creciente de convenios plurianuales que se acercan ya a tres años y por la ultraactividad salarial en algunos convenios. En una situación de recesión como la actual, en la que la inflación al consumo cae o incluso llega a ser negativa, se mantienen convenios anteriores con aumentos salariales muy superiores a la inflación. Tercera, porque como los salarios tampoco se ajustan a las caídas de la productividad, los costes salariales unitarios, es decir, ajustados por su productividad, crecen por encima de los de otros países de la UE.

La movilidad laboral intraempresarial es menor, puesto que aunque los trabajadores indefinidos pueden ser trasladados a otras divisiones o centros de trabajo, no así los temporales, al incurrir en unos costes que no podrán recuperarse si finalmente van a ser despedidos y porque no han recibido la formación necesaria para su nuevo puesto. La movilidad laboral interempresarial es menor porque los trabajadores con contrato indefinido y costes de despido elevados no se atreven a cambiar a otras empresas, pues perderían sus derechos implícitos en la percepción de su actual coste de despido, ligado a su antigüedad. La movilidad interterritorial es menor porque los trabajadores temporales no se atreven a buscar empleo en otras ciudades o regiones con mayores probabilidades de encontrar empleo debido a que tienen la incertidumbre de que puedan terminar siendo despedidos después de haber alquilado una vivienda y trasladado a su familia.

Finalmente, los jóvenes, ante la dificultad de encontrar un empleo indefinido, ven dificultadas o retrasadas sus decisiones de tipo vital, tales como su emancipación y su procreación, lo que afecta negativamente a su acceso a una vivienda, a su tasa de fecundidad, cuando esta está cayendo de forma preocupante, y al futuro del sistema de pensiones de reparto. En el próximo artículo plantearé algunas propuestas de reforma que mejoren esta situación.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research.