La política, que no la economía, es la que siempre termina mandando. A la vez que empresarios y sindicatos acuerdan los ERE que afectan a más de 400.000 trabajadores, los expertos del Pacto de Toledo aconsejan que se prolongue la vida laboral de los trabajadores y se penalicen las prejubilaciones. El sistema público de pensiones puede tener pronto una grave crisis financiera; el sistema de la Seguridad Social obtiene todavía un superávit que se destina, en buena parte, a cubrir el déficit público. No puede ser todo correcto a la vez. Hay algo que no debería ser real. Y sin embargo existen simultáneamente porque los políticos no se han puesto de acuerdo todavía en quien debe hacer la reforma. El Gobierno actual no quiere hacerla porque tendría que "cargar" con la fuerte impopularidad implícita a la misma. Pero los tres "candidatos a la sucesión de Aznar" y la misma oposición quieren que la reforma se haga cuanto antes para no tener que "sufrir" sus efectos si es que llegan a mandar.
La conclusión es que los miembros del Pacto de Toledo están ahí, haciendo el ridículo, aplazando su recomendación hasta que haya alguien políticamente vencedor. Eso significa que se sabe muy bien la fuerza potencial de la oposición popular a esta reforma. Es dinamita. Por eso es que el Pacto de Toledo no trata de cuestiones técnicas sino de política.
El sistema de reparto de las pensiones públicas es un mecanismo de solidaridad intergeneracional por el que los activos pagan las pensiones de los jubilados. El sistema público de pensiones español otorga un derecho al jubilado a recibir una pensión cuyo importe se calculaba hace poco sobre la media de cotización de los últimos 8 años de la vida laboral. En estos momentos se calcula sobre la media de los últimos 15 años. Y ahora se pretende que el tiempo necesario para recibir una pensión se amplíe hasta 20 años e incluso al total de la vida laboral. No parece que éste sea el momento más propicio para hacer reformas que puedan crear intranquilidad entre los ciudadanos. Todos los mayores de 40 años, que son muchos y muy activos con su voto, saben que si avanza tal propuesta su pensión futura se reduciría en no menos de un
4 %. Así que la reforma no es posible y sólo será un problema para el que gane las próximas elecciones. Es decir, para el calendario de quién gobierne el próximo año, algo parecido a lo que cuenta hoy el periodista John Müller en EL MUNDO. Y si quieren consultar un ácido comentario sobre el sistema de reparto de las pensiones españoles, lean en cotizalia.com, "Un sistema de pensiones y un homenaje a Orwell"
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