viernes, 18 de junio de 2010

la reforma del sistema público de pensiones

Todos los Gobiernos europeos están pendientes del desenlace de los proyectos de reforma de las pensiones públicas en Holanda y Francia. No es fácil lograr pedir sacrificios a la población. La gente, que no es tonta, sabe que la reforma de las pensiones no es permanente, que puede ser un proceso de ida y vuelta que depende de muchas circunstancias puramente temporales, según sea el momento del ciclo económico o el calendario político. Los principales afectados por la reforma, los trabajadores mayores de 40-45 años, saben perfectamente que la única reforma de las pensiones que es de verdad irreversible es la que sustituye el sistema de reparto (solidaridad intergeneracional) por el de capitalización (ahorro individual).

En realidad todos los Gobiernos quieren comprobar la fuerza de la protesta social en Italia porque en todos ellos existe algún tipo de proyecto parecido de alargar los años de cotización necesarios para mantener el importe de la prestación por jubilación. Estas reformas, que los afectados denominan como un “robo de las pensiones públicas”, tendrían que ser necesarias e inevitables porque los estudios actuariales al uso afirman que, con la actual y prevista pirámide de población europea, el equilibrio financiero del sistema es insostenible. Estos estudios existen desde hace por lo menos 15 años, sin que nunca hayan logrado pasar de meras advertencias que se “agitaban” de vez en cuando. El que ahora Gobiernos y organismos económicos internacionales coincidan en la importancia de la enfermedad y premura para atajarla con legislaciones supuestamente irrevocables, es producto directo de la recesión en toda la UE y de la restricción que impone el Pacto de Estabilidad sobre el déficit público. La falta de un crecimiento suficiente para crear empleo hace disminuir la ratio cotizante/pensionista e incrementa el gasto público por desempleo. Así que, o se reforman los sistemas públicos de pensiones o se reforma el PEC. O las dos cosas a la vez. Puede ser que los argumentos a favor de la reforma sean ciertas y que, sin ella, el futuro económico colectivo sería mucho más incierto. Pero, ¿quién quiere sacrificarse ahora por un futuro probable dentro de 20, 30 o 50 años?. O las sospechas, ¿quién y cómo se han hecho los cálculos?. Si se quiere que la reforma sea irrevocable es preciso que cuente con suficiente consenso sociológico, no solamente de los partidos políticos. ¿Y qué creen ustedes que van a hacer los sindicatos para mantener la militancia de los trabajadores mayores de 15 años con contrato indefinido?

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