jueves, 24 de junio de 2010

y está el tema de las futuras pensiones y la factura de Sanidad

Luego están las próxima reforma de las pensiones, para la cual la ministra Salgado sugiere que, al igual que en Francia, para cobrar la pensión completa,hacía falta tener 41 años de cotización, y que se eleve de 15 a 17 años el número mínimo de años necesario para cobrar la pensión. Cualquiera se asombra cuando al respecto, el ministro Corbacho, diga que el Gobierno “compensará a los pensionistas cuando pase el bache”

Por último, está la Sanidad pública gratuita para la que la ministra Jiménez propone un pseudo copago, preparando que “servicios sanitarios informen al usuario del coste de la asistencia antes del 2011″. Por ejemplo, un escáner: 100 euros y un parto: 1.600 euros. No es extraño que el profesor Robert Behn diga que “El copago es útil frente al problema del déficit”.

En apenas un mes, sin conseguir la ventaja política de un Gobierno de concentración, Zapatero ha liquidado las expectativas de mantenimiento del estado del bienestar para la próxima generación entera porque si no hay interés político, en su conservación los economistas académicos no avalarán el mantenimiento fiscal del mismo. Por ejemplo, lo que acaba de decir Jesús Fernández Villaverde: “La reforma laboral y el plan de ajuste no son suficientes por sí solos”. En el Reino Unido, Camerón sube el IVA, recorta el gasto social y congela el sueldo de los funcionarios con el objetivo de reducir el déficit; y también Japón limita la deuda y estudia elevar los impuestos. Si Alemania ha dejado de ser la locomotora europea, el exceso de ajuste en España podría meternos de cabeza en la deflación. La alternativa va a ser el miedo a perder la casa (según cuenta el Eurobarómetro) o en la exclusión, tal y como la entiende Cruz Roja.

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la factura de Sanidad


Factura para recordar que la sanidad no es gratis

Jiménez propone que los servicios sanitarios informen al usuario del coste de la asistencia antes del 2011

CELESTE LÓPEZ – Madrid

Antes de que finalice el año, los usuarios de los servicios hospitalarios recibirán, junto al correspondiente informe de alta, una nota sobre el coste económico de la atención recibida. Ya en el 2011, esta factura informativa se ampliará tanto a atención primaria como especializada. El objetivo no es otro que concienciar a los ciudadanos del coste de ir al médico y, con ello, la racionalización del uso de los servicios. Antes de que se extienda la emisión de esta factura a todas las comunidades autónomas (en Andalucía ya se emite), el Ministerio de Sanidad lanzará una campaña para fomentar un uso adecuado de los servicios sanitarios.


Estas son algunas de las medidas que ayer anunció la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en la comisión de Sanidad del Congreso, donde acudió para dar cuenta del acuerdo alcanzado con las comunidades el pasado 18 de marzo. Precisamente, entre esos acuerdos figura la necesidad de implicar a los ciudadanos en la reducción de la enorme factura del Sistema Nacional de Salud, mediante campañas informativas y a través de la implantación de medidas como la llamada “factura en la sombra”, que no es otra cosa que informar a los usuarios del sistema del coste de los servicios que utiliza. En septiembre presentará a la comisión de Salud la aplicación de la factura en la sombra en principio en los servicios hospitalarios, sobre todo, los de urgencias, para posteriormente aplicarlos a atención primaria. Esta factura no recogerá el coste exacto de la atención prestada, pero sí una valoración “estándar” del cuidado recibido.


La ministra también avanzó que en el segundo semestre del 2010 presentará el proyecto de norma común sobre tiempos máximos de espera para todo el territorio español, la propuesta de calendario vacunal único y la implantación de la historia digital común.


En la comisión de Sanidad también se habló del copago (el diputado popular Mario Mingo), a lo que la ministra volvió a reiterar su negativa a la implantación no sólo de otros tipos de copago sino también de tasas, al considerar que las medidas adoptadas por el Gobierno permitirán disminuir el coste de la factura sanitaria de las comunidades en 4.600 millones de euros.

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