La conclusión es que los miembros del Pacto de Toledo están ahí, haciendo el ridículo, aplazando su recomendación hasta que haya un político vencedor. Eso significa que se sabe muy bien la fuerza potencial de la oposición popular a esta reforma. Es dinamita. Por eso es que el Pacto de Toledo no trata de cuestiones técnicas sino de política.
El sistema de reparto de las pensiones públicas es un mecanismo de solidaridad intergeneracional por el que los activos pagan las pensiones de los jubilados. El sistema público de pensiones español otorga un derecho al jubilado a recibir una pensión cuyo importe se calculaba hace poco sobre la media de cotización de los últimos 8 años de la vida laboral. En estos momentos se calcula sobre la media de los últimos 15 años y ahora se pretende que el tiempo necesario para recibir una pensión se amplíe hasta los 25, como u n primer paso para llegar al total de la vida laboral. No parece que éste sea el momento más propicio para hacer reformas que puedan crear intranquilidad entre los ciudadanos. Todos los mayores de 40 años, que son muchos y muy activos con su voto, saben que si avanza tal propuesta su pensión futura se reduciría desde ya entre un 10% y un 25%. Así que la reforma no es posible y sólo será un problema para el que gane las elecciones de 2012.
Mientras tanto, el caldero político, como pueden ver en la Agenda política, produciendo un cocido más raro que el que vemos hoy día. Porque, aunque los periodistas han dado mucha importancia a la prolongación de la vida laboral con derecho a pensión hasta los 67 años, lo verdaderamente importante es la subida del número de años cotizados para el cálculo de la pensión y que esta decisión sea obligada, y no voluntaria e incentivada. Los españoles desean jubilarse a los 59 años, según una encuesta de Esade, y de hecho se jubilan a los 63 por término medio, según un análisis de la Seguridad Social.
Como ya les he dicho, son muy pocos los mayores de 65 años que quieren seguir trabajando sin recibir un plus salarial por ello. De hecho sólo el 38% de los trabajadores llega a jubilarse a la edad legal de 65 años. Sólo pueden querer seguir trabajando los que tienen algún interés profesional en ello, es decir los creativos, los vocacionales, los propietarios y los que tienen pensiones muy bajas. El resto, que son mayoría, se acogerían a los planes de prejubilación si se los propusieran y no estuvieran tan penalizados (8% anual de la cuantía de la pensión para los que se jubilan a partir de los 63 años).
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