El Gobierno, que ya admite un déficit público del 10 % en 2009 para poder cumplir con el PEC y evitar el aviso del siempre maligno Moody's y disfrutar del benigno Fitch, podría verse pillado entre unos bonos más costosos de vender y un déficit exterior del 11% del PIB. Ahí tienen la finezza del tándem, que ha logrado aprobar en el Senado los Presupuestos 2010 más falsos que Judas contra el PP y CiU, por 128 votos a favor y 126 en contra. Hay que dar confianza, y para eso está el amigo Corbacho que en PÚBLICO, (página 24), declara que "el dato del paro del mes de diciembre podría ser positivo".
¡Miren que si Endesa e Iberdrola logran fastidiar a Sebastián, exigiendo que 22 millones de hogares pierdan la tarifa regulada, o que haya que subir obligatoriamente el precio de la energía en España! El ministro Sebastián llega incluso a decir en CINCO DÍAS, pág 6, que "la luz subirá menos de lo previsto por su ministerio".
El hecho es que el personal no tiene dinero para consumir, ni siquiera en rebajas, porque incluso El Corte Inglés, como cuenta la pág 6 de EL ECONOMISTA, prevé una caída de las ventas del 6%, casi el doble que en 2008, cuando disminuyeron un 3%. Sea como sea, y contra el farol de Zapatero, el PIB per cápita se situó en 2008 en el 103% de la media de la UE, pero dos puntos menos que el año anterior, mientras que su diferencial respecto as las media de los países de la zona euro (108% de la UE) bajó un punto, según datos de Eurostat.
Es seguro que en enero próximo los más de ocho millones de pensionistas del sistema de la Seguridad Social, dejen de consolidar para el futuro la paga extraordinaria como compensación de la desviación de la inflación habida respecto de la presupuestada. En términos netos perderán dinero porque la cifra del IPC de noviembre va a ser el 0,3%, frente al 2% del año pasado. Gran consternación para multitud de familias, sobre todo de las que tienen todos los miembros en paro. Como dijo la Agenda política, cada vez es mayor el número de colectivos cabreados con el Gobierno por una u otra razón.
A este paso, yo no doy mucho por la duración de los responsables de Economía en sus puestos, sobre todo porque ahora, en vez de callarse, dicen en público, en informes que casi nadie lee, que "la estrategia de cambio del modelo productivo español debe incluir iniciativas para alargar la vida laboral de los trabajadores que, hasta ahora, se jubilan a una edad media de 63,5 años. Si uno de esos colectivos es el de los pensionistas, también va ha haber un colectivo cada vez mayor de trabajadores que vean como se va a reducir el nominal de sus pensiones futuras. Salvo excepciones, todos los trabajadores que se vayan a jubilar a partir de enero próximo podrían cobrar menos de lo que hubieran percibido si lo hubieran hecho ahora mismo. El Pacto de Toledo ya obligaba a que el cálculo de la pensión se haga de acuerdo a las bases de cotización de un número cada vez mayor de años trabajados: ocho en 1.997, nueve en 1.998, diez en 1.999 y quince a partir de 2003. Salgado-Campa dicen verse obligados a hacer el cálculo sobre toda la vida laboral. De esta manera, las medias de cotización y de pensión podrían ser cada vez más pequeñas: cuantificables en cada caso por la media de los incrementos salariales habidos desde hace quince años y más. No existe fórmula alguna para que este colectivo de futuros perjudicados pueda evitar el deterioro de sus pensiones, porque el incremento de los salarios se mantiene por debajo de la de la inflación.
Así que ya está caldeado el ambiente para que comience la habitual campaña comercial de los planes de pensiones privados: no llegan a los cuatro millones de personas que hasta ahora han podido suscribir un plan individual de ahorro para la jubilación. No parece que la fórmula se haya desarrollado mucho, sobre todo en comparación el volumen de dinero captado por los fondos de inversión: las evidentes ventajas fiscales sobre la base imponible de los ahorradores y la libertad de traslado de una gestora a otra no parecen ser más importantes que la desventaja de una iliquidez casi absoluta de las aportaciones. Como sabrán, la fiscalidad de los fondos de pensiones ayuda al IRPF de los ricos y de las clases medias, que son los que tienen capacidad de ahorro. Para los trabajadores sólo queda la pensión pública, hoy día a la baja. Por eso resulta útil la insistencia sindical en que, ante un ERE, las empresas "externalicen" los compromisos por pensiones de los trabajadores. Y que el gobierno haya ampliado, para los mayores de 52 años, la cantidad máxima de aportación fiscalmente incentivada a los planes de pensiones privados.
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