la reforma de las pensiones

he aquí al bueno de Lito, secretario general del Metal, Construcción y Afines de CCOO advirtiendo a la buena de Salgado, al socaire de la intención del Gobierno de retrasar poco a poco la edad de jubilación más allá de los 65 años. El pobre Lito, por mor de mantener la afiliación, advertía ayer a la pobre Elena Salgado de que su sindicato no aparcará la reivindicación de conseguir la jubilación a los 60 años de los trabajadores de la construcción, que "estén a pie de obra". Seguro que, a partir de ahora, se nombrará una comisión que defina qué es y cuáles los requisitos de ser considerado "a pie de obra".

El hecho es que, según EL PAÍS, pág 20, la buena de Elena Salgado citó el ejemplo holandés, que acaba de establecer el límite de edad de jubilación en 67 años.

No es fácil pedir sacrificios a la población cuando no se cumple con la restricción a gastar dinero público que establece el Pacto de Estabilidad. La gente, que no es tonta, sabe que la reforma de las pensiones no es permanente, que puede ser un proceso de ida y vuelta que depende de muchas circunstancias puramente temporales, según sea el momento del ciclo económico o el calendario político. Los principales afectados por la reforma, los trabajadores mayores de 40-45 años, saben perfectamente que la única reforma de las pensiones que es de verdad irreversible es la que sustituye el sistema de reparto (solidaridad intergeneracional) por el de capitalización (ahorro individual).

En realidad todos los Gobiernos quieren comprobar la fuerza de la protesta social latente porque en todos ellos existe algún tipo de proyecto parecido de alargar los años de cotización necesarios para mantener el importe de la prestación por jubilación. Estas reformas, que los afectados denominan como un "robo de las pensiones públicas", tendrían que ser necesarias e inevitables porque los estudios actuariales al uso afirman que, con la actual y prevista pirámide de población europea, el equilibrio financiero del sistema parece ser insostenible. Estos estudios existen desde hace por lo menos quince años, sin que nunca hayan logrado pasar de meras advertencias que se "agitaban" de vez en cuando. El que ahora Gobiernos y organismos económicos internacionales coincidan en la importancia de la enfermedad y premura para atajarla con legislaciones supuestamente irrevocables, es producto directo de la crisis y del escaso crecimiento económico esperado en toda la UE y de la restricción que impone el Pacto de Estabilidad sobre el déficit público. La falta de un crecimiento suficiente para crear empleo hace disminuir la ratio cotizante/ pensionista e incrementa el gasto público por desempleo. Así que, o se reforman los sistemas públicos de pensiones o se reforma paralelamente el PEC. Puede ser que los argumentos a favor de la reforma sean ciertas y que, sin ella, el futuro económico colectivo sería mucho más incierto. Pero, ¿quién quiere sacrificarse ahora por un futuro probable dentro de 20, 30 o 50 años?. O las sospechas, ¿quién y cómo se han hecho los cálculos?.

Si se quiere que la reforma sea irrevocable es preciso que cuente con suficiente consenso sociológico, no solamente de los partidos políticos, sino de los sindicatos y, sobre todo, de los afectados, los trabajadores de más de 45 años, con mujeres (legales o no), hijos e hijas en edad de merecer. Ya saben que si el Gobierno insiste en una medida así, puede encender la pólvora de otro caso parecido al de la ministra Sinde e internet. Sobre todo, porque ya saben que no hay dinero. Hay funcionarios que no quieren creer eso, porque piensan que van a ser los próximos paganos de la falta de numerario. Sobre todo, cuando leen que Carlos Ocaña ya ha dicho que "el déficit para el conjunto de las administraciones no bajará del 9,5% en 2009 y que el año que viene será bastante igual a éste".

Con todas las Autonomías quebradas y las cajas de los ayuntamientos esquilmadas por los corruptos que Garzón va descubriendo, puede que los funcionarios dejen de tener el puesto de trabajo asegurado de por vida. ¡Otra mecha que se puede encender!

Lo mejor que pueden hacer ustedes es leer el informe que los profesores Doménech y Melguizo elaboraron para David Taguas cuando era director de La Oficina Económica del Presidente (OEP)

El Gobierno adelanta la jubilación a los 58 años para más discapacitados

Las personas con una esperanza de vida reducida serán las beneficiarias

CARMEN MORÁN - Madrid

El Gobierno ha decidido adelantar la edad de jubilación para aquellos discapacitados cuya esperanza de vida sea más reducida que la de la población general. Se trataría de personas con discapacidades mentales, parálisis cerebral, ciertas anomalías genéticas como síndrome de Down, síndrome X frágil, acondroplasia o fibrosis quística. Autismo, anomalías debidas a la talidomida, síndrome pospolio, esquizofrenia, trastorno bipolar y algunas esclerosis también figuran en la lista.

Si su grado de discapacidad supera el 45%, tienen 58 años y han cotizado durante 15, podrán jubilarse, según el decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo. El texto se aprobará hoy en Consejo de Ministros como anunció ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras reunirse con Luis Cayo, presidente del CERMI, la gran plataforma de la discapacidad.

La última encuesta del INE registra 1.482.000 discapacitados en edad de trabajar, pero sólo lo hacen unos 429.000, 32.000 de ellos con discapacidad mental. Por tanto, los empleados no alcanzan el 30% del colectivo en edad laboral.

Esta rebaja en la edad de jubilación había sido muy demandada por los afectados, que ayer celebraban el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Hasta ahora sólo tenían -y aún tienen- una jubilación adelantada quienes acreditan una discapacidad superior al 65%, que pueden abandonar el trabajo a los 52 años siempre que lleven 15 cotizados. Éstos ganaban un año de cotización por cada cuatro.

Pero Zapatero anunció ayer algo más. Se comprometió a solucionar en seis meses los problemas de accesibilidad que encuentran muchos discapacitados en sus viviendas: falta de ascensores, escaleras en lugar de rampas. ¿Cómo? No se sabe. Para ello habría que modificar la Ley de Propiedad Horizontal y algunas otras, algo que afecta, además, a varios ministerios.

El CERMI se lo pidió ayer al presidente y Zapatero accedió. En la actualidad, las obras para garantizar la accesibilidad son obligatorias si alguien las solicita, "cuando el coste no supere tres cuotas de comunidad para cada vecino", explica Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI. Si sale más caro, se necesitará la mayoría simple de los vecinos de la comunidad. Si éstos se niegan, puede acudirse a los tribunales, pero el discapacitado tendrá que pagar la obra. "Nuestra propuesta es que estas reformas en los bloques de viviendas sean obligatorias cuando se acredite su necesidad, de igual forma que lo son aquellas de habitabilidad del edificio, como las goteras o las grietas. Cuando eso ocurre todo el mundo tiene que pagar, incluido el discapacitado, que en ocasiones ni siquiera puede usar los espacios comunes", afirma Moral.

Las últimas encuestas indican que más de 300.000 personas han tenido que cambiar de domicilio por problemas de accesibilidad. Pero hay quien no puede. "Mi madre salió de casa después de años en la cama para ir a urgencias. No tenemos ascensor. Y ahora mi hermana, que también está en cama, no puede salir, aunque me dieran una silla de ruedas", cuenta María Dolores del Valle, que vive en Madrid. Cuando se reformó el edificio donde viven, ella pidió que se dejara el hueco para poner un día un ascensor, pero no se hizo.

Estas personas están atrapadas en casa. Cientos de ancianos entre ellos. "Esto supondrá un avance significativo, porque beneficiará a miles de personas con discapacidad o simplemente mayores", aplaudió ayer el presidente de la organización de discapacitados Famma-Cocemfe en Madrid, Javier Font.