viernes, 4 de diciembre de 2009

la caída del empleo y el aumento del paro

La caída del empleo y el aumento del paro no son sólo cuestiones coyunturales. No sólo es que se produzcan despidos para ajustar los gastos fijos a la capacidad utilizada y en mayor medida cuanta mayor sea la desregulación del mercado laboral (los contratos temporales). Es que hay una tendencia expresa a no realizar nuevas contrataciones: se sustituye empleo por capital. La búsqueda de una mayor "productividad" reduce el crecimiento de nuevo empleo. Y, además, de forma "inexorable", el capital extensivo en mano de obra tiende a dirigirse hacia los países del Este europeo, mientras que en los del Oeste se quedan las inversiones en procesos tecnológicos. Y en tiempos de crisis, la prolongada moderación salarial, habitual válvula de ajuste, tampoco ha demostrado que evite la destrucción de empleo.

Todos los políticos quieren convencer a los ciudadanos que tienen algún plan para crear trabajo, aunque saben que hasta que no se recupere la tasa de crecimiento de la inversión no va a haber incremento neto del empleo. Mejor deberían meditar como lograr estimular el crecimiento económico cuanto antes. Aunque sea a costa de sacrificar/aplazar esas medidas reformistas que incorporan flexibilidad a la economía (políticas que incrementan la tasa potencial a largo plazo de crecimiento, políticas que reducen la tasa de paro que no acelera la inflación, políticas que incrementan la competencia del mercado de productos). En ello están todas las autoridades, sean cuales sean sus principios ideológicos, combinando incentivos monetarios y fiscales. Que la economía se recupere sólo es cuestión de tiempo. Pero por ahora los indicadores que adelantan con mayor precisión una recuperación empresarial (inventarios, capacidad utilizada, deuda) no son nada favorables. Como la creación de empleo evoluciona siempre con retardo respecto del crecimiento económico lo más lógico es que las medidas que ahora se propongan no puedan hacer visibles los resultados a tiempo.
Hace muy poco tiempo que el Banco de España afirmaba que, para garantizar un crecimiento sostenible, el 85% de las reformas estructurales que habría que hacer eran laborales: un nuevo contrato para los casi cinco millones de parados con una indemnización similar a la media de la UE, tanto para despidos procedentes como improcedentes.


Con ello se facilitaría su salida del desempleo y desaparecería la judicialización del despido pero, sobre todo, los convenios colectivos con valor jurídico deberían aplicarse lo menos posible, desde los nacionales sectoriales a los de empresa, para adaptarse al ciclo. De ello habla hoy el experto de siempre, el bueno de José Antonio Herce, en EL PAÍS,
pág 31 entera, afirmando que "Un punto que ninguna reforma del mercado de trabajo debe obviar, para no cerrar en falso como ha sucedido con la saga de reformas españolas, a la postre, es el de los costes del despido. Hay muchas formas de abordar este espinoso tema. Siendo de los más elevados entre los países desarrollados, los costes de despido a los que se enfrentan las empresas españolas deben reducirse en su conjunto. La actual dispersión de esquemas admite mucha racionalización que se puede ver favorecida por la simplificación de figuras contractuales para los nuevos trabajadores que vayan sustituyendo vegetativamente a los contratos indefinidos convencionales de mayor coste sin que los trabajadores establecidos tengan merma de sus derechos y mejorando, incluso, la protección de los trabajadores más desprotegidos. Pero ayudaría mucho a este debate el que se pensase en trasladar la indemnización por despido a un esquema de seguro obligatorio ajeno a las empresas que hiciese innecesaria para los trabajadores la permanencia a toda costa en el puesto de trabajo, por temor a perder los derechos adquiridos, y permitiese a las empresas ajustar sus plantillas más eficientemente".

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