las auditorías

En realidad, la culpa de que existan corruptos impunes es de los auditores. Ahí tienen el escándalo del Palau de la Mùsica de Barcelona que, según parece, fue el agujero por el que desaparecieron 30 millones de euros de la burguesía barcelonesa. Seguro que se parten de risa si leen sobre la relación entre el Orfeó Catalá y Ferrovial y que Félix Millet aconsejaba a sus empleados pedir presupuestos hinchados. Lo de Millet, la burguesía catalana y el gremio de los auditores es poca cosa cuando hablan de Lehman, esa quiebra bancaria que autorizó el Gobierno de Bush Jr. De Lehman se ha ido sabiendo poco a poco sobre la llamada "Repo 105", que le permitía camuflar las pérdidas gracias a la ayuda de la firma de abogados británicos Linklaters y de una de las Siete, Ernst & Young. La historia de este maridaje de intereses entre una gran institución financiera, un bufete y una auditora, se contaba en EL MUNDO del domingo pasado.

Para añadir más leña al fuego, según EXPANSIÓN (página 13) del 20 de marzo, "según fuentes del mercado, las autoridades de la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC) y de la Reserva Federal fueron advertidas por Merrill Lynch de que Lehman Brothers recurrió a complejas técnicas financieras para maquillar su contabilidad meses antes de su quiebra de 2008. Ex empleados de Merrill Lynch aseguran que contactaron con los reguladores para poner en su conocimiento los dudosos métodos utilizados por Lehman para aparentar una mejor posición de liquidez". Además, el vicepresidente de Lehman afirma en una entrevista que publicaba el suplemento MERCADOS de EL MUNDO del domingo pasado, en pág 15, que Ernst & Young lo sabía. Es parte de un sistema diseñado para engañar.

Ya saben que es un lugar común entre los analistas del mercado bursátil que "una auditoría vale lo que vale. Una auditoría limpia no garantiza nada". A la hora de ganar dinero para los clientes, hay que saber descontar la contabilidad paralela del valor porque, en realidad, todo es una trama de intereses: los bancos, por no examinar con atención las empresas; los analistas, por incorporar rumores a sus valoraciones; los medios de comunicación, por no ser prudentes, y a los auditores, por calcular mal los activos.

Si estas opiniones forman parte del conocimiento habitual de los "enterados", el negocio de la auditoría debería haber sido sustituido por otro sistema más útil o siquiera más prestigiado. O por lo menos debería ya existir una institución que "controlase a los controladores". O deberían haber prosperado las demandas de responsabilidad civil por los daños producidos por empresarios amparados por auditorías "limpias". Incluso, en buena lógica, los mismos auditores deberían ser los primeros interesados en lograr aumentar el valor de sus servicios para poder elevar sus tarifas. Ante las estafas, el Gobierno cree salvar su responsabilidad recurriendo a los fondos de garantía de depósitos o de inversiones cuando la estafa deriva en escándalo con derivaciones políticas.

El sistema económico funciona como un circuito de transacciones basado en las garantías de los derechos de propiedad. Estos derechos exigen el desarrollo de protecciones jurídicas definidas y de los organismos de control adecuados. Los auditores se insertan en ese engranaje porque dicen "garantizar la veracidad y precisión de los estados financieros…al conjunto de su accionariado" certificando, sin rango jurídico, el valor de la propiedad. Las auditorías que, con esta teoría deberían producir seguridad, de hecho solo sirven para aumentar la credibilidad. De hecho la CE siempre ha estimado que "la principal responsabilidad por la información financiera producida por una empresa corresponde a sus gestores. La auditoría no es una garantía absoluta de que no existe mala gestión o fraude". Por eso tiene tanta importancia la reforma del Código Penal español.