Corbacho dará hasta 2.600 euros a los extranjeros que emigren del país

Corbacho dará hasta 2.600 euros a los extranjeros que emigren del país


M. Tejo. Madrid


El ministro de Trabajo lo decía alto y claro: el país ya no puede ofrecer a los extranjeros “las oportunidades que quieren buscar”. Celestino Corbacho invitaba así a los trabajadores foráneos a “tachar de su agenda inmediata” a España como un posible destino. Pero esta sutil invitación no viene sola.


El Gobierno ha decidido, a la vez, abrir la puerta de salida a los que ya están en la arena nacional para que regresen sus lugares de origen. Para ellos, el Ejecutivo reserva ayudas económicas de hasta 2.600 euros por familia, más el pago del billete para viajar.


Bajo este programa subyacen dos hechos que no conviene pasar por alto. Por un lado, que el 30% de la población extranjera (más de 600.000 personas) sobrevive sin rentas del trabajo, mientras que para cerca de 300.000 la caducidad de su seguro de paro es cuestión de semanas, si no días. La falta de ingresos es sólo el preámbulo del estallido de una crisis social de calado que los analistas vienen alertando de lejos.


Ante este escenario, Trabajo ha decidido ponerse manos a la obra, y dar una vuelta de tuerca a los programas de retorno voluntario dirigidos a extranjeros. En 2008, la Dirección General de Integración de Inmigrantes, que depende del Ministerio de Corbacho, asumió el papel de convocar subvenciones con este fin que, este año, entrañan novedades.


El programa de 2010 se dirige tanto a personas extranjeras “especialmente vulnerables” ( en situación de carencia; menores, mujeres embarazadas, etc), como a extracomunitarios que estén pendientes de una solicitud de asilo o que “se encuentren en situación irregular”.


Ambos colectivos se beneficiarán del que se podría llamar un cheque inmigrante a medida: el pago del billete a su país natal y el de su familia hasta el segundo grado de consanguinidad; un dinero de “bolsillo” para el viaje dotado con 50 euros (una persona) ó 400 (si va toda la familia); una “ayuda económica extra” para instalarse en el nuevo país que, en función del número de personas que retornan, oscila entre los 400 y los 1.600 euros. Y, por último, el Estado se compromete a correr con los gastos del transporte de los afectados hasta su localidad o pueblo de origen (las ayudas en este capítulo oscilan entre los 100 y los 600 euros).


Para gestionar estas migraciones, el Estado ha sacado a concurso una subvención de tres millones de euros dirigida a “entidades u organizaciones no gubernamentales” especializadas en la materia. Cabe recordar que estas ayudas son complementarias al programa que el Gobierno aprobó en 2009 para que los extranjeros que estén cobrando el paro puedan capitalizar sus prestaciones y emprender un negocio. Tras un año en vigor, el Ejecutivo aseguró en noviembre haber recibido 8.700 solicitudes de parados para abandonar España. a los que se sumarían 1.500 familiares.


Guía para entender el fenómeno migratorio en España

Al ministro de Trabajo nunca le ha temblado la voz a la hora de defender que el fenómeno de la inmigración debe estar bien “regulado y ordenado”. Un principio de actuación que sorprende si se tiene en cuenta que su sucesor, Jesús Caldera, capitaneó la regularización masiva de medio millón de ciudadanos extranjeros. Ahora, la dureza de la recesión urge a Corbacho a seguir caminando en esa dirección.


-¿Cuántos inmigrantes hay en España?

Representan al 12,8% de la población, esto es, 5,6 millones de personas. La mayoría, 4,5 millones, está en edad de trabajar, aunque los mayores de 65 ya forman un nutrido grupo de cerca de 300.000 personas.


-¿Cómo les afecta la crisis?

Están mayoritariamente ligados al sector servicios y la construcción. La extenuación de estos dos tradicionales nichos de empleo ha empujado su tasa de paro hasta el 29,7%, frente a la del 16,8% de los nacionales. La eventualidad de los empleos que ocupan ha hecho que a día de por primera vez en la historia sean más los parados subsidiados por el Estado (237.000) que los que perciben una prestación contributiva (230.000).


-¿Qué ha hecho el Ejecutivo para aliviar esta situación?

El tablero de juego es complicado. El Gobierno intenta ahora disuadir la entrada de nuevos flujos migratorios, porque a su juicio la prioridad es dar empleo a los millones de personas que están en el Inem. A la par, y como un remedio para enjuagar las cifras de paro Corbacho lanzó el año pasado un plan de retorno voluntario dirigido a inmigrantes desempleados. La idea es que estas personas puedan cobrar su prestación de desempleo, siempre que acrediten que iniciarán un negocio en su país de origen. Pero el programa ha tenido escaso éxito:Aunque más de 300.000 cumplían con el perfil para acogerse a esta vía de salida del país, menos del 1% lo ha hecho.


-¿Y qué hay de los irregulares?

Se calcula que en España hay alrededor de un millón de personas en esta situación. Muchos sobreviven en la economía sumergida, un submundo económico que mueve el 20%, según señaló el propio Corbacho, una apreciación que enojó a la vicepresidenta Salgado. Precisamente a esta población va dirigido el cheque inmigrante de hasta 2.600 euros que el Gobierno ha publicado con sordina en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado quince de marzo.

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Hace poco, hubo en la población catalana de Vic un conato de conflicto social entre inmigrantes con con papeles y trabajadores españoles. En breve sucederá algo parecido en todos aquellos lugares donde la inmigración, legal o clandestina, supera el 20 % de las colas de los ambulatorios. Cuando CiU vio que había un caladero de votos en la política de inmigración, tuvo a bien enfrentarse a la política oficial del Gobierno del Estado, sin pensar que unos días más tarde, la CE exigiría a España que debería repatriar a los inmigrantes in papeles. La gestión del padrón afecta directamente a la financiación de los ayuntamientos, tal y como demostraba el periodista Fernando Garea en un reportaje que se publicaba en EL PAÍS de este pasado 24 de enero. Es decir, la competencia por las ayudas del Estado del Bienestar de entidades políticas “quebradas” está deslizando la opinión al enfrentamiento político entre locales y llegados. El Ministerio de Trabajo publicó un informe titulado Racismo y Xenofobia 2009 basado en una encuesta del CIS, que revelaba el aumento del rechazo a los extranjeros. Si el padrón se convierte en una vía de entrada a la economía subterránea y al acceso a las ayudas del Estado del Bienestar, el negocio de falsificadores de padrón se ha convertido ya en una tarea cada vez más cara y que atrae a mayor número de gestores. Ante la amenaza del conflicto xenófobo, el ministro Corbacho ha llegado hasta aconsejar a la población extranjera “tachar de su agenda inmediata sus planes para venir a España”. Incluso, la Dirección General de Integración de Inmigrantes ha ofrecido a los casi 600.000 inmigrantes que sobreviven sin rentas del trabajo una ayuda de hasta 2.600 euros para que emigren de España; así se contaba en una información publicada en EXPANSIÓN pág 22 del pasado 30 de marzo, y en la que se llega a decir que “el Estado se compromete a correr con los gastos del transporte de los afectados hasta su localidad de origen”.


http://www.agendadeprensa.org/2010/04/13/1028/

El PSOE ha mostrado hasta hace poco tener una idea poco lógica sobre el problema. Menos mal que ha evolucionado desde aquellos “papeles para todos” hasta la opinión de “la inmigración incontrolada perjudica sobre todo la calidad de vida de las clases populares”. Hay un problema de xenofobia latente, “nos están quitando los empleos”, que puede convertirse en real si la recesión sin ahondándose y no aparecen brotes verdes. Y hay que ser tonto para dejar llegar aquí a los inmigrantes expulsados de Bélgica y/o Italia. La inmigración actuó como un shock “externo” que impulsó el crecimiento económico. Caldera lo sabía bien: si no hubiera habido inmigración el crecimiento se hubiera estrangulado por incremento de los costes salariales. Ese beneficio fue conservado y protegido sin darse cuenta que el inmigrantes que llega a España-Senghen, se queda para permanecer.

España es un coladero (el Estrecho, los aeropuertos, las autopistas) donde los intermediarios (que llaman “mafia”) se ganan su dinero porque actúan como empresarios que satisfacen, con su oferta, una demanda latente. Cuanto más lejano está el punto de salida, más vale el precio de la ruta de llegada y los intermediarios garantizan la llegada sin riesgo a los inmigrantes que paguen. Después es la “solidaridad” entre conciudadanos ya asentados los que garantizan que se podrá “sobrevivir” y acceder al padrón, y con ello al Estado del Bienestar. La inmigración vino atraída por el exclusivo reclamo de la existencia de trabajo. Si en España no hubiera habido empleo disponible no habría crecido tan deprisa la inmigración. El “efecto llamada” vino provocado por la impunidad de la economía sumergida. Además, el recetario basado en medidas policiales de control de identidad, fue ser otra mentira. Como la inmigración es un asunto puramente laboral (no se produciría sino hubiese una oferta de empleo) y salarial (los parados españoles no quieren hacer trabajados por salarios “bajos”), lo que hay no se hizo fue traspasar su control del ministerio del Interior al de Trabajo. Allí donde la Inspección de Trabajo vigilaba de verdad, los empresarios no contratan a los “sin papeles” (en Murcia sí, en Lérida no, en Almería a medias). Y luego, el control de la inmigración en estos momentos no es pagar 2.600 euros para que se vayan, sino detectar y penalizar con eficacia a los empresarios que contratan “sin papeles”. Y poder extraditar legalmente a todos los inmigrantes “ilegales” descubiertos.

Ya verán cómo el desarrollo de la economía africana va a facilitar que los inmigrantes africanos llegados a España estén “algo” interesados en volver a sus países. De hecho,también ya hay ayudas fiscales del Gobierno de Marruecos para lograr que 600 pymes españolas se hayan instalado en ése país.