el nuevo plan de ataque para frenar el paro

El nuevo plan de ataque para frenar el paro deja frío hasta al Banco de España
Publicado el 14-04-2010 , por M. Tejo

El cuento de nunca acabar escribió ayer un nuevo capítulo, esta vez, protagonizado por muecas de decepción y pánico contenido.


Nadie quiere imaginar qué rumbo tomará el desempleo en España (la cifra oficial arroja que hay más de 4,3 millones de personas soterradas en ese zulo), si el archicitado diálogo social no promociona una reforma rotunda capaz de erradicar los corsés que oprimen la contratación laboral.

El hedor que desprenden las reuniones que llevan manteniendo Gobierno, patronal y sindicatos desde hace dos años ha acabado por molestar hasta al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que hasta ahora había asimilado su papel de mero consejero que propaga con voluntarismo y urgencia las ideas necesarias para sanear el mercado de trabajo. Pero la tregua ha terminado. El Banco de España ya no cree en la eterna promesa de los agentes sociales de que ellos solos están preparados para decidir qué teclas son las maestras para fomentar la contratación juvenil, acabar con el absentismo laboral o proteger los derechos de los trabajadores.

El Banco de España trabaja ya a otro nivel. Ayer ni siquiera reparó en comentar el boceto farragoso de 10 páginas de reforma presentado por el Gobierno, sino que atacó allí donde más duele: a las organizaciones que se jactan de tener la patente en exclusiva para decidir cómo, por dónde y hasta qué grado se requieren cambios en el marco laboral.

El gobernador insistió en que uno de los principales riesgos al que se enfrenta el sistema financiero es el “desempleo masivo” –AFI contempla para este año un umbral de paro del 20 – y fue así de claro: O se diseña y se aprueba pronto y “con el mayor consenso posible” una reforma de las instituciones laborales que “afronte con decisión este gravísimo y españolísimo problema, o muchas entidades sufrirán sus consecuencias”. “Llevo bastante tiempo hablando de eso, tenemos un problema muy serio, de gravísimo desempleo y unas instituciones laborales muy distintas al resto, y eso hay que cambiarlo”, resumió en una clara crítica velada a los tres grandes tótem organizativos del país.

Por esta vez, los sindicatos ya no pueden hacer la crítica fácil a Ordóñez de que debería ceñirse a sus asuntos, es decir, poner orden en el sistema bancario. El gobernador de la entidad –al que UGT mandó a “su puta casa” en octubre– se adelantó ayer a la jugada, al reprochar que la divagación en la que se ha instalado el diálogo social es la que amenaza con intrometerse en su cometido.

Pero el plan oficial para desinflar el desempleo también ha dejado de piedra a la mayoría de las fuerzas políticas. IU sonrojó a los socialistas por proponer en su documento abaratar el despido, en alusión al párrafo que contempla ampliar el contrato de fomento del empleo, que tiene una indemnización de 33 días por año trabajado. En el otro lado, los populares miran con desdén la retahíla de ideas “vagas” puestas sobre la mesa, mientras resaltan la debilidad de un Gobierno que “que sigue delegando sus responsabilidades”.

Entre los sindicatos, diversidad de opiniones entre los que tienen carné de agente social y los que no. CCOO ve demasiada ambición en el texto de Moncloa, de modo que aboga por “hacer cosas coyunturales” y dejar para reflexiones posteriores medidas que “actuarán cuando se inicie la recuperación”. Respecto a la exótica idea de emular parte del sistema austriaco de despido –cada trabajador tiene una cuenta virtual en la que va acumulando sus indemnizaciones por despido– UGT alertó de que no se podrá “improvisar” en meses. USO fue el único que se atrevió a aventurar que se necesita un contrato único, por aquello de aminorar las diferencias de indemnización por despido entre trabajadores de primera (fijos) y de segunda (eventuales).

La gran sorpresa ha sido la reacción de la patronal. Ayer los empresarios catalanes aseveraron que el plan oficial “es un buen punto de partida” para echar un cable al mundo laboral. Tal reacción se explica, según fuentes oficiosas, en que una facción de CEOE da por buena la rebaja de despido propuesta, a través del contrato de fomento. Sin embargo, otras voces apuntan a que el presidente Díaz Ferrán podría cerrar un acuerdo en falso para exigir en el último momento una rebaja de cotizaciones sociales por sorpresa.

“Limitar la contratación temporal es una barbaridad”
Un documento que no ayudará a crear empleo. Así resumen los juristas consultados el amago de reforma del Ejecutivo. El laboralista Jesús Domingo Aragón, socio director de ACF Empresarial, destaca sobre todo un ingrediente envenenado en la propuesta: los límites a los contratos temporales y a los de obra y servicio. Y es que el Gobierno es proclive a dar alas a una definición legal que acote el uso de esta modalidad y que evite su encadenamiento.

El problema es que los servicios, que mueven el 66% del PIB, se apoyan básicamente en este contrato, pensado para atender los picos de producción propios, por ejemplo, del verano. Sería más útil, dice Domingo, perseguir los que se realizan de forma injustificada, es decir, sin causas que los motiven. Lo mismo ocurre con los contratos por obra o servicio.

El texto apoya que sería coherente que las actividades estacionales “no justificaran” su uso , un gesto que Domingo tacha de “auténtica barbaridad”. En la práctica supone un freno a las empresas que externalizan ciertas actividades (la publicidad, por ejemplo), lo que supone un nuevo mazazo al empleo.