La productividad de los empleados públicos en España

La productividad de los empleados públicos en España es una de las más bajas de toda Europa
Justicia, apertura de empresas, registro civil, extranjería, sanidad y educación son los puntos negros


0 votos 150 comentarios Anxo Lugilde | Santiago | 17/03/2009 | Actualizada a las 03:31h | Ciudadanos
La recesión económica ha puesto de nuevo a la Administración pública española en el punto de mira, en una coyuntura en la que el recurso al déficit reabre el debate sobre la calidad del gasto y justo cuando los empleos en el aparato del Estado se convierten en un bien más preciado que nunca. Además, la lentitud de la respuesta del sector público provoca más irritación, cuando se frustran proyectos de inversión y de generación de trabajo por el ahogo que causa la burocracia.

Pocos incentivos

"La Administración pública funciona, pero funciona mal", sostiene Alejandro Nieto. Explica que en todas las oficinas suele haber un grupo que, por vocación o por tener algún tipo de gratificación, "tira del carro". Sin embargo, con el tiempo los empleados públicos suelen equipararse con el compañero que teniendo un menor rendimiento no se enfrenta por ello con ningún inconveniente. La falta de incentivos en el sector público, el mal denunciado por todos los expertos, propicia que su productividad se iguale por abajo. "Hay un sistema de relaciones laborales muy poco basado en el mérito, de gran rigidez, con un excesivo peso de los sindicatos y en el que se observa el efecto del nepotismo político", considera Francisco Longo. Como señala Nieto, la Administración representa "un botín" para los partidos políticos. Como soluciones proponen aumentar los incentivos y la flexibilidad.


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Estado, EPA, Esade, Agencia Tributaria, Alemania, Francia, Nieto, Italia, Larra, Población Activa, Seguridad Social, Encuesta, Santiago, Finlandia, Extremadura, Universidad, Unión Europea, Europa, Universidad Complutense, Suiza, Poder Judicial, Bélgica
istración pública no es capaz de contar con exactitud a sus efectivos, pues ofrece dos datos, con medio millón de empleados de desfase. Presenta una baja productividad, la menor de los principales países del entorno europeo. Aunque se ha modernizado en algunos campos, como los de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, en otros, como la justicia o la extranjería, parece anclada en el "vuelva usted mañana" de Larra.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Nacional de Estadística, en el último trimestre del 2008 el sector público español tenía un total de 3.029.500 empleados públicos. En cambio, en el Registro Central de Personal del Ministerio de Administraciones Públicas están inscritos 2.594.664 trabajadores, según el último dato, del verano del 2008. Las razones del desfase pueden residir en errores en las respuestas a la EPA o en que el Gobierno no computa los empleos precarios, muy abundantes en los ayuntamientos. El medio millón de diferencia constituye "un dato que habla por sí solo, al desvelar el caos existente", afirma en su libro El desgobierno de lo público Alejandro Nieto, catedrático emérito de la Universidad Complutense y reconocida voz en la crítica al descontrol de la burocracia en España.

"Lo importante no es tanto cuántos funcionarios hay, sino qué hacen, porque en España el número no es exagerado comparado internacionalmente. Sí hay un problema de productividad", apunta Francisco Longo, director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de Esade. Según un informe del Círculo de Empresarios del 2007, la productividad por empleado público en España es inferior a la media de la Unión Europea, cuando tenía 15 miembros, y también a la que se da en los principales países como Alemania, Francia e Italia, a pesar de que este último es considerado como el paradigma de la burocratización.

"Italia está peor que nosotros. España mejoró en las últimas décadas, aunque sigue teniendo problemas en varios servicios y dificultades en la conexión entre administraciones", señala Ramón Bouzas, profesor de la Universidad de Santiago, quien destaca las deficiencias en la atención al público. Esos avances españoles en áreas como la Agencia Tributaria irritan a la ciudadanía, al dar la sensación de que el Estado sólo actúa por interés propio.

Carles Ramió, director de la Escola d´Administració Pública de Catalunya, identifica como principales puntos negros los trámites de apertura de empresas, el registro civil, la gestión de pasaportes y extranjería y la justicia. Para Nieto, el mundo judicial constituye el exponente por excelencia de las deficiencias del modelo, ya que se da la superposición de las competencias del Gobierno central, las autonomías y el Consejo General del Poder Judicial.

Francisco Longo, de Esade, añade en el catálogo de puntos negros la enseñanza y la sanidad. "En la educación hay un déficit en la gestión y en la contratación de profesionales", afirma. Escuelas, universidades y hospitales están en manos de las autonomías, lo que provoca que estas cuenten en conjunto con la mitad de los trabajadores del sector público. Se trata de una inmensa administración territorial, muy heterogénea, siempre en el punto de mira por su carácter reciente y su conexión con el debate sobre el reparto del poder en España. Nieto sostiene que la administración que mejor funciona es la del Estado, seguida de la autonómica, y la local, "la que más despilfarra". Sin embargo, las encuestas de opinión revelan que los ciudadanos valoran más a los ayuntamientos, seguidos por las autonomías y el Gobierno central.

La distribución territorial de los funcionarios resulta controvertida por la gran magnitud de la Administración en Extremadura, donde aporta uno de cada cuatro puestos de trabajo, frente al 11,3% de Catalunya. Para Nieto, los casos andaluz y extremeño esconden "una forma de subvencionar a la sociedad, de fomentar el parasitarismo".

Pese a todo, según el World Values Survey, el índice español de confianza en la Administración pública se sitúa en el 41%, lo que supera al de Alemania (39%), iguala al de Finlandia y no está muy lejos del de Bélgica, Francia y Suiza (46%). Carles Ramió apunta que en España se da una compleja combinación entre "burofobia y burofilia", pues en encuestas como las del Centro de Investigaciones Sociológicas la ciudadanía muestra una mala opinión en general de la burocracia, que sin embargo mejora al evaluar los servicios con los que se ha tenido contacto directo. Se trata de una percepción social exactamente inversa a la que se da en los otros países europeos.