Ya veníamos viendo una tendencia que venía desde los EEUU, luego esto no viene sino a poner freno a una situación de emergencia ya iniciada en otros países con medidas de este tipo.
En EEUU el instrumental de los Bancos centrales no es subir los tipos para atajar una inflación inexistente, sino bajar los tipos de interés, o mirado desde otro punto de vista, "inundar los mercados de liquidez". La FED no va a poder defraudar a los mercados, porque Bush tiene un calendario electoral con los demócratas mandando en el Congreso y en el Senado. La FED no podrá defraudar a los mercados, aunque sea a costa de estimular el "riesgo moral", ese principio por el cual los prestamistas y los inversores aumentan el riesgo si cuentan con que siempre habrá alguien por detrás que impida alcanzar por encima de un cierto nivel de pérdidas. La historia está plagada de crisis financieras, en las que han abundado las soluciones de tipo moral: como la que acaba de suceder en EE UU.
Nadie quiere quedarse con "el muerto", con valores que no es que no valgan nada, sino que no se sabe cuánto valen.
Es decir, que esta crisis financiera está demostrando que en ella existen variados niveles de conocimiento de la realidad y por lo tanto variados niveles de responsabilidad en la gestión de la misma y, por ahora, nadie parece haber dado la cara, llevando más confusión todavía a los agentes económicos. La enorme volatilidad observada en la bolsa se debe a que la mayoría de los expertos suponen que la economía norteamericana se recuperará en los próximos meses para, posteriormente, mantener una desaceleración profunda después de las próximas elecciones en noviembre.
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Esta crisis financiera es básicamente el producto de una crisis de confianza en que los Bancos centrales del G-7 tengan instrumental adecuado para gestionar una crisis, que es una crisis de liquidez derivada de la imposibilidad de establecer precios, por falta de cruce de demanda y oferta, en los sofisticados instrumentos financieros que han utilizado el apalancamiento tomando como base los créditos hipotecarios concedidos en los EEUU a personas con bajo crédito. Se trata de los famosos collateralized debt obligations (CDO). El desconocimiento del alcance de a quiénes afectaba esa crisis de liquidez, si a la banca, si a las compañías de seguros, si a los fondos de inversión, si a los planes de pensiones, es lo que ha inundado de crisis global a todo el sistema
Para los agentes resultaba muy extraño que el sistema crediticio se estuviera colapsando sin que hubiera aparecido ningún hecho de relieve que hubiera producido un aumento en la "prima de riesgo". Además, el mundo carecía de una inflación subyacente visible, al menos la medida por el IPC. Para asombro de los analistas, una crisis larvada ha estallado debajo de la estructura económica conocida, lo cual ha ocasionado el descrédito absoluto de las agencias de rating, que son empresas que al cobrar de los emisores podrían haber incurrido en un conflicto de intereses que hubiera sido resuelto mediante una pura corrupción.
Y eso que la prensa estaba divulgando un día sí y otro no que los Bancos centrales estaban inyectando en el sistema unas gigantescas cantidades de dinero para evitar ese "colapso financiero" que observaban en su vida cotidiana.
De repente, los agentes económicos de los países de la OCDE se han encontrado con que, en vez del panorama confortable que ofrecía las últimas predicciones del FMI que confirmaban la continuación de ritmos de crecimiento para la economía mundial cercanos al 4%, observan una enorme inquietud en los valores de los valores cotizados y una sensación extendida de inseguridad difundida por los medios de comunicación.
Por eso Bush no podrá defraudar a los mercados, aunque sea a costa de estimular el "riesgo moral", ese principio por el cual los prestamistas y los inversores aumentan el riesgo si cuentan con que siempre habrá alguien por detrás que impida alcanzar por encima de un cierto nivel de pérdidas. La historia está plagada de crisis financieras, en las que han abundado las soluciones de tipo "riesgo moral": el caso más nítido fue el de Argentina y luego Hong Kong, hasta lo que está sucediendo en EEUU.
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En CINCO DÍAS pág 4 la periodista Carmen Monforte informa que Miguel Sebastián no subirá la tarifa eléctrica en enero si antes no hay un acuerdo con UNESA para resolver cómo financiar el futuro del llamado "déficit de tarifa" que a final de año acumulará más de 14.000 millones de euros. También cuenta que la CNE se reúne hoy para aprobar el informe sobre el R.D que regula la nueva tarifa "de último recurso" que entra en vigor el primero de julio del 2009 y que supone un cambio en la estructura de precios del mercado.
El Gobierno tiene una política económica basada en establecer objetivos de precios de acuerdo con una simulación de la evolución futura de IPC. De vez en cuando mira al espejo retrovisor, pero la mayoría de las veces consulta las previsiones del BCE y elabora las propias según sus necesidades de recaudación fiscal. Por eso tiene tanta importancia la política tarifaria y por lo tanto, el Gobierno desde hace años tiende a congelar las tarifas eléctricas de "baja tensión" que utilizan los consumidores domésticos y el comercio. La indiciación de precios y salarios al dato de previsión del IPC puede ayudar a que los agentes económicos se acomoden a la misma. Pero tiene el riesgo de que se pierda fácilmente credibilidad si, de nuevo, el precio de los combustibles o el de los alimentos impiden cumplir con el objetivo de inflación. Ahora que le precio del petróleo tiende a la baja, al Gobierno le va resultar muy difícil elaborar una política de tarifas que resulte creíble para los consumidores y que sea aceptada por las empresas productoras. La indiciación de precios y salarios al dato de previsión del IPC puede ayudar a que los agentes económicos se acomoden a la misma. Pero tiene el riesgo de que se pierda fácilmente credibilidad.
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Es fácil intentar hacer política económica dictando las tarifas de un sector que sólo cuenta con cuatro empresas, en el que las dos primeras controlan el 70% de la generación. La energía barata para la industria es una condición para facilitar su competitividad. Ello puede lograrse arbitrando unas tarifas obligatoriamente bajas que se compensan con subvenciones varias y siempre que los tipos de interés sean suficientemente reducidos como para aliviar el servicio de la deuda. Pero también puede conseguirse forzando la introducción de competencia para que, sea posible la libertad real de elección de suministrador.
Manuel Portela
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